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Gálvez: "Estado de excepción es una opción, pero se evalúa impacto social"

Gálvez señaló que la opción está en la agenda del gobierno, pero destacó que se debe evaluar con prudencia el impacto social y político para que la medida sea una solución y no un problema adicional.

Foto: José Luis Gálvez, vocero presidencial
La Paz

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El vocero presidencial José Luis Gálvez abordó la posibilidad de aplicar un estado de excepción en el marco de las movilizaciones y enfrentamientos registrados en La Paz y El Alto. Destacó que esta medida, aunque es una atribución del gobierno constitucional, requiere un análisis cuidadoso debido a la complejidad social, política y las posibles consecuencias sobre la población.

“No está descartado. Es una atribución específica del gobierno constitucional para ejercerlo, pero tenemos que crear las condiciones que realmente no provoquen más problemas, que de verdad sean solución y también debemos darnos los bolivianos la oportunidad de tener un gobierno que ejerza democracia de verdad.” señaló Gálvez

Quieren generar violencia

Gálvez explicó que los movilizados buscan generar violencia y provocar muertos, por lo que cualquier decisión sobre un estado de excepción debe ser prudente para que no agrave la situación ni se convierta en un problema mayor.

El vocero indicó que el gobierno mantiene un equilibrio entre aplicar la ley a quienes cometen delitos y proteger la vida de los ciudadanos, priorizando siempre la seguridad, el abastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos, y evitando confrontaciones innecesarias que puedan generar más víctimas.

Señaló además que la posibilidad de un estado de excepción no es inmediata ni automática, y que se debe contemplar la normativa vigente, el impacto social, la coordinación con la Asamblea Legislativa y la protección de derechos constitucionales.

Diálogo y concertación

Gálvez insistió en que la estrategia del Ejecutivo combina firmeza legal con diálogo y concertación, destacando que la intención es resolver los conflictos sin recurrir a violencia excesiva, asegurando que los responsables de hechos delictivos rindan cuentas ante la justicia.

El vocero concluyó que, aunque el estado de excepción es una prerrogativa constitucional, su aplicación depende de crear las condiciones para que sea una solución efectiva y no genere mayores riesgos para la población.

“Hay que ser prudentes para que una medida así sea una solución y no se convierta en un problema.” finalizó.

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