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La propuesta contempla distribuir el 1% de la coparticipación entre las gobernaciones desde 2027, pero generó críticas por considerarse insuficiente frente a las competencias y necesidades regionales.
01/11/2026 21:06
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La propuesta del Gobierno nacional de asignar un 1% de la coparticipación tributaria a las gobernaciones en el marco de la Agenda 50/50 generó posturas encontradas entre autoridades subnacionales y el Ejecutivo. Mientras algunos representantes regionales califican el monto de insuficiente o distante de sus aspiraciones, el Gobierno central defiende la sostenibilidad de la medida frente al complejo contexto económico del país y cuestiona la postura mediática de algunos líderes subnacionales.
Gobernadores y alcaldes cuestionan el porcentaje
El rechazo a la cifra pactada fue manifestado por diversas autoridades de manera pública. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, calificó de "falta de respeto" el 1% ofrecido, argumentando que su región aporta de manera sustancial al Producto Interno Bruto (PIB) y a la producción agrícola, mientras que el 75% de la coparticipación permanece en el nivel central.
En esa misma línea, el gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, tildó la propuesta de "burla", recordando que el planteamiento inicial del Ejecutivo fue del 0,4%, y propuso una meta gradual que alcance el 15% de coparticipación para las gobernaciones en un plazo de tres a cinco años.
Por su parte, la gobernadora de Tarija, María René Soruco, catalogó el planteamiento como un retroceso, afirmando que las competencias en salud y autonomía no deben estar sujetas a condiciones fiscalizadoras, mientras que el alcalde de La Paz, César Dockweiler, consideró la medida insuficiente frente a los costos de gestión de riesgos y el incremento en los carburantes, solicitando que los municipios también sean tomados en cuenta de forma fundamental en el proceso distributivo.
Una postura a favor del acuerdo
En contraste con las críticas, el gobernador del departamento de La Paz, Luis Revilla, valoró la asignación como un avance positivo dentro de la coyuntura económica actual. La autoridad paceña detalló que, tras una negociación compleja en la que la oferta gubernamental, que comenzó en 0,4%, se logró consolidar en el 1%, lo que representará la distribución de aproximadamente 460 millones de bolivianos entre los nueve departamentos a partir del año 2027. Revilla destacó que este porcentaje tiene la posibilidad de incrementarse paulatinamente en el tiempo conforme mejore la economía del país.
La defensa del Gobierno nacional
Desde la acera del Ejecutivo, el viceministro de Gestión y Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, lamentó la falta de coincidencia entre los avances logrados en las mesas técnicas y las declaraciones posteriores emitidas ante los medios por algunas autoridades regionales. Santamaría sostuvo que la asignación de recursos debe ir estrictamente vinculada al cumplimiento de responsabilidades y competencias, instando a las autoridades subnacionales a actuar con seriedad, evitar la politización del debate y asumir los ajustes necesarios debido a la compleja coyuntura financiera nacional.
Los otros acuerdos de la Agenda 50/50
A pesar de la controversia generada alrededor del porcentaje, el marco general de la Agenda 50/50 contempla otros cuatro acuerdos fundamentales: la incorporación del Régimen Agropecuario Unificado (RAU) al dominio tributario departamental, la evaluación del crecimiento vegetativo en salud y educación como parte de la asignación anual, un análisis progresivo según el desempeño económico y la facultad de incorporar alícuotas adicionales definidas por cada región sin afectar a los municipios, universidades o autonomías indígenas.
Asimismo, las partes establecieron un cronograma normativo para materializar las medidas. El Gobierno central prevé remitir el anteproyecto de Ley Especial de Coparticipación Tributaria a las gobernaciones el 3 de noviembre, a fin de recibir observaciones hasta el 4 de noviembre. Posteriormente, el 6 de noviembre se realizará el envío formal del documento y de la norma modificatoria de la Ley 154 de Clasificación de Impuestos ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, dando cumplimiento a los compromisos previamente asumidos en la reunión del 12 de octubre en Cobija.