Gobierno y la ANPB rechazan la demanda de Jhasmani Torrico

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) rechazaron este lunes la querella que pretende interponer Jhasmani Torrico, en contra de los periodistas que investigaron e hicieron cobertura de las denuncias en su contra.

Organizaciones de periodistas "rechazan la querella por difamación y calumnia interpuesta por el abogado sentenciado Jhasmani Torrico, contra colegas periodistas que cubrieron su caso e informaron sobre las acusaciones y posterior condena de seis años y seis meses en su contra, por los delitos de secuestro y tortura", dice un pronunciamiento emitido.

La ANPB y la APLP lamentaron que la jueza, Sofía Camacho, "ignore" la vigencia de la Ley de Imprenta que establece el Tribunal de Imprenta como la jurisdicción especializada en estos casos de libertad de expresión.

La misma precisa que la posibilidad de aplicar sanciones penales, además de "ser desproporcionada, lesiona la libertad de expresión, porque podría inducir a la autocensura y a limitar la información, lo cual es perjudicial para una sociedad democrática que necesita una prensa libre e independiente", señala.

El ministro de Justicia, Iván Lima, advirtió que “de ninguna manera un juez penal tiene posibilidad de criminalizar el trabajo de periodistas” y afirmó que deberá ser un Tribunal de Imprenta el que evalúe cualquier queja que pudiera tener Torrico en este caso.

"Ante el anuncio de un juicio penal contra periodistas por parte del abogado sentenciado por secuestro y torturas Jhasmani Torrico, el @MinJusticiaBol recuerda que la Ley de Imprenta de 1925 está vigente y que la libertad de prensa y de expresión está protegida por la Constitución", dio a conocer el Ministerio de Justicia en su cuenta de Twitter.

La FSTPC convocó a una marcha en contra de la jueza Camacho que desconociendo la ley de Imprenta dio curso para que los medios de comunicación entreguen información acerca de las coberturas que hicieron durante el escándalo de este caso.

El abogado Constitucionalista, Antonio Rivera, señaló que Camacho vulneró varias normativas nacionales, remarcó que debería declinar, porque esta tuición es del Tribunal de Imprenta.

“Personalmente la juez debió declinar de competencia, para que sea el Tribunal de Imprenta establecido en la ley vigente, se encargue del juzgamiento (…) Los trabajadores de la prensa están protegidos por la Ley de Imprenta que garantizan el ejercicio libre de la libertad de expresión y de información (…) Lo que busca Torrico es generar temor entre los periodistas”, indicó Rivera.