Incendios forestales en Bolivia: Prevenir, gestionar y sancionar

Millones de árboles calcinados, millones de animales carbonizados, millones de hectáreas de
vegetación quemada y millones de personas impactadas por la humareda, es el resultado de los
incendios forestales en Bolivia. Camino al cuarto mes desde el inicio del mayor desastre ambiental en
la historia del país, la prensa sigue reportando escenas de dolor inimaginables. No solo en Santa Cruz
hay incendios, también en Beni, La Paz, Cochabamba, Tarija, Pando y Chuquisaca, aunque la región
cruceña es el epicentro. ¿Se pudo evitar esta catástrofe? La respuesta es, sí.

Conversando con el Emb. Jaume Segura, Jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia,
en su visita al Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) el 27 de septiembre pasado, a tiempo
de coincidir con su preocupación por el daño a la naturaleza y el medio ambiente, aproveché para
agradecerle la ayuda de la UE con los Bomberos FAST que llegaron de España, quienes -azorados-
declararon que luego de más de tres meses de incendios, estos eran incontrolables debido a la tardanza
en la intervención de los focos de calor, los pocos recursos para combatirlos, la inaccesibilidad a ciertas
zonas, la falta de lluvias, la sequía y los vientos que avivan el fuego.

Me permití aclarar, también, que el Modelo de Desarrollo Cruceño que defiende el IBCE, como
económicamente viable, ambientalmente sostenible y socialmente responsable, nada tiene que ver con
tal calamidad y le anuncié que escribiría esta columna para desvirtuar la desatinada acusación contra
nuestros agricultores y ganaderos, recurriendo para ello al Ing. Alejandro Díaz Salek, ex Presidente de
la Confederación de Ganaderos de Bolivia (CONGABOL) y de la Federación de Ganaderos de Santa
Cruz (FEGASACRUZ), en su condición de productor, conocedor de la temática y defensor de la
legalidad, de quien recibí estos sesudos conceptos:

Primero: Los gremios productivos jamás van a alentar la producción en áreas protegidas, al enmarcar
su actividad en las zonas permitidas por ley.

Segundo: Los productores respetan el período de veda de la “quema controlada” que establece la
Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) para usar el fuego como
herramienta de manejo en la limpieza de rastrojos de desmonte y/o para realizar quemas prescritas en
pastizales naturales.

Tercero: El sector urge que se castigue a los pirómanos: Muchos andan impunes luego de realizar tales
atentados contra la propiedad privada y bienes colectivos.

Cuarto: Rechazan ser juzgados, con la carga de la prueba de ser inocentes, para evitar multas
irracionales que inviabilizan la sostenibilidad económica de la producción, p. ej., cuando el fuego de un
tercero invade su predio productivo.

Quinto: Los productores legalmente establecidos exigen a todos los niveles del Estado, sobre todo al
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y a la ABT, el desalojo de los avasalladores de áreas protegidas                                                         y predios privados afectados por ser el germen de los fuegos que afectan la vida de los bolivianos y                                                                       la seguridad jurídica de la producción.

Sexto: Demandan que el resguardo de las áreas protegidas sea una tarea del sector público (en todos sus
niveles) con los productores privados, y que haya más presupuesto para no mantener las áreas
protegidas desguarnecidas.

Séptimo: Para restablecer la cordura en el manejo del tema agrario, el Estado no debe entorpecer el
funcionamiento de las Comisiones Agrarias Departamentales.

Con tal aclaración, mal hacen los que interesada, antojadiza, oportunista o destructivamente
aprovechan la situación para denigrar la forma de ver y hacer las cosas en el bastión de la economía
nacional, cuando los más preocupados por la escalada de los incendios forestales son los productores
damnificados por la pérdida de infraestructura, maquinaria, equipos y pasturas para alimentar a sus
animales.

El Informe “La verdad de la tenencia de la tierra y los incendios” de la Cámara Agropecuaria del
Oriente (12.09.24) dio cuenta que el 79% de los focos de calor en Santa Cruz estaban en tierras fiscales
y otras áreas, y sólo un 20% en predios agropecuarios, de ahí que se deduce que, mientras la tierra sea
una mercancía política para repartirla casi gratis entre los partidarios, los incendios seguirán: “Nadie
quema lo que le da el sustento de vida, solamente, quien recibe la dotación de una tierra fiscal que no
va a trabajar en agricultura o ganadería y que va a usufructuar de la misma, luego del chaqueo y la
quema, para comercializarla y volver a recibir otra dotación y, así, en un círculo vicioso, las veces que
sea posible” (Abog. Hans Hartmann Rivera, expresidente IBCE).

¿Qué hacer? Tres simples acciones, en un sistema integrado donde, más allá de todo cálculo político,
funcionen los tres niveles de gobierno en: Prevención, educación y capacitación, para evitar incendios;
gestión de contención, bajo el concepto de alerta temprana y, sanción a los culpables que agredan a la
naturaleza burlando las normas. Clarísimo ¿verdad?