Inspección de la sede de Unasur en San Benito reabre el debate sobre su costo y futuro uso

Las instalaciones del Parlamento de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), ubicadas en la localidad de San Benito, departamento de Cochabamba, fueron objeto de una inspección oficial este lunes. La visita gubernamental constató el estado de abandono del complejo, el cual no recibe mantenimiento desde finales de 2018, lo que generó un cruce de posturas entre el Gobierno nacional y la Gobernación de Cochabamba sobre las responsabilidades del desuso y el destino que se le dará a los predios.

Hallazgos de la inspección y postura del Gobierno central

La inspección fue encabezada por el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, junto al viceministro de Transparencia, Marcelo Yamil García. Según el informe oficial, la infraestructura —que abarca más de 200 hectáreas y representó una inversión de 500 millones de bolivianos durante la gestión de Evo Morales— presenta un avanzado estado de deterioro.

Entre los hallazgos reportados se encuentran falta de servicios básicos activos (energía eléctrica y agua potable), crecimiento desmedido de maleza en las áreas exteriores e interiores, daños estructurales menores, como vidrios rotos y deterioro en los revoques de las paredes, existencia de mobiliario de lujo sin utilizar, salas VIP y un helipuerto, además de la falta de equipamiento en sectores como la cafetería y la biblioteca.

El ministro Zamora calificó la obra como un "elefante blanco" construido con fines estrictamente ideológicos y anunció que se iniciará una auditoría técnica y financiera para determinar responsabilidades por presunto daño económico al Estado.

Por su parte, el viceministro de Transparencia, Yamil García, señaló que este caso se suma a otras inversiones observadas bajo criterios similares, citando como ejemplos la Villa Suramericana, el Museo de Evo Morales (con un costo estimado de 50 millones de bolivianos) y el déficit operativo de la ruta aérea Santa Cruz-La Habana de Boliviana de Aviación (BoA).

La respuesta de la Gobernación de Cochabamba

Desde la administración departamental se cuestionó la oportunidad de la inspección y la falta de propuestas inmediatas por parte de las autoridades nacionales. El vocero de la Gobernación de Cochabamba, Sergio de la Zerda, recordó que la construcción concluyó a finales de 2018 para ser habilitada en 2019, período que coincidió con transiciones políticas en el país.

De la Zerda criticó que las administraciones posteriores no hubieran activado el uso de la infraestructura ni solicitado informes oportunos en su momento:

"Vienen a descubrir que esto está abandonado, vienen a decir que van a hacer procesos. Más allá de aquello, no vienen a dar ninguna respuesta (...) y no dicen qué es lo que van a hacer con los predios, que es lo que le interesa a Cochabamba", manifestó el vocero departamental.

Propuestas para el futuro del complejo parlamentario

Tanto el nivel central del Estado como los representantes locales coinciden en la necesidad de readecuar las instalaciones para el beneficio de la población, aunque difieren en las propuestas específicas:

• Educación Técnica: La Gobernación de Cochabamba plantea formalmente que el complejo sea transferido para convertirse en una universidad de ciencia y tecnología enfocada en los jóvenes de las regiones del Valle Alto y Valle Bajo.

• Tecnología y Emprendimiento: La senadora Paola Zapata sugirió impulsar el proyecto "Cochabamba Capital Tecnológica", transformando los espacios en una incubadora de startups orientada al desarrollo científico.

• Servicios Públicos y Seguridad: El Ministerio de Obras Públicas analiza alternativas que contemplan adaptar la infraestructura para áreas de salud, educación, o para el uso de las fuerzas policiales y militares, decisión que de acuerdo a las autoridades nacionales se definirá tras la evaluación técnica del predio.