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Investigación de la ONU incluye a Bolivia entre 29 países donde Rusia reclutó personas para la guerra

Un informe de la Comisión Investigadora del organismo internacional revela que redes organizadas captaron a ciudadanos latinoamericanos con falsas ofertas de empleo para luego obligarlos a combatir en Ucrania. La ONU exige a Moscú anular los contratos, liberar a las víctimas y frenar la trata de personas.

Investigación de la ONU incluye a Bolivia entre 29 países donde Rusia reclutó personas para la guerra. Imagen de archivo de extranjeros reclutados.
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Bolivia figura en la lista de 29 naciones donde se detectaron redes de captación engañosa de personas para incorporarse a las fuerzas militares de la Federación de Rusia en el conflicto contra Ucrania. Así lo revela un informe presentado por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el cual califica estos hechos como presuntos actos de trata y tráfico de personas.

Según las conclusiones del organismo internacional, autoridades y estructuras de mando militar rusas son señaladas como responsables de permitir y organizar mecanismos de reclutamiento dirigidos a hombres de entre 18 y 60 años en situación de vulnerabilidad económica.

"Ese es un tipo de medidas que nosotros esperaríamos que ahora que se conoce que esto ocurre de forma bastante extendida a nivel global y que las víctimas se cuentan por los miles", declaró Pablo de Greiff, integrante de la Comisión Investigadora ante la ONU, al solicitar acciones directas a la comunidad internacional.

Redes de engaño y presiones en territorio ruso

El reporte describe un patrón sistemático operado a través de redes sociales y agencias informales en América Latina, África y Asia. Los reclutadores ofrecían supuestos empleos civiles bien remunerados en moneda extranjera para desempeñarse como guardias de seguridad, conductores, mecánicos o personal de logística en Rusia, sin advertir el destino final militar.

Una vez que las víctimas aceptaban las ofertas y arribaban a suelo ruso, se les confiscaban sus pasaportes y teléfonos celulares para limitar su movilidad. Posteriormente, eran trasladadas a instalaciones militares donde se las presionaba o amenazaba con prisión, agresiones físicas y deportación para obligarlas a firmar contratos redactados exclusivamente en ruso, idioma que no comprendían.

Los afectados eran desplegados en áreas de combate en el este de Ucrania con una preparación militar mínima o nula, lo que derivó en muertes, capturas y desapariciones.

Lista de países afectados

La investigación evaluó la situación de ciudadanos provenientes de 48 Estados y confirmó indicios sólidos de reclutamiento irregular en 29 países:

  • América Latina: Bolivia, Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, Perú y República Dominicana.

  • África: Botsuana, Camerún, Ghana, Kenia, Marruecos, Nigeria, Somalia, Sudáfrica, Túnez, Uganda y Zimbabue.

  • Asia y Medio Oriente: Azerbaiyán, Bangladesh, Belarús, Filipinas, India, Jordania, Sri Lanka, Tayikistán, Turquía, Uzbekistán y Yemen.

El informe precisa que los extranjeros incorporados a las Fuerzas Armadas rusas bajo estas circunstancias no deben ser considerados mercenarios, sino combatientes bajo el marco del Derecho Internacional Humanitario, por lo que les corresponden las protecciones fijadas en los Convenios de Ginebra.

Demandas del organismo internacional

Frente a los hallazgos, la comisión de la ONU solicitó a las autoridades de la Federación de Rusia:

  1. Cese del reclutamiento: Poner fin de inmediato a la captación de extranjeros, sea en el exterior o dentro del territorio ruso, mediante engaño, coacción o cualquier otro medio que vicie el consentimiento libre e informado.

  2. Baja inmediata y repatriación: Anular los contratos suscritos bajo presión o engaño, dar de baja a las víctimas de trata y garantizar su retorno seguro a sus países de origen.

  3. Investigación y juzgamiento: Enjuiciar a las personas y redes responsables de estas acciones y colaborar con las jurisdicciones nacionales pertinentes.

Asimismo, la ONU hizo un llamado a los gobiernos de las naciones afectadas —entre ellas Bolivia— a reconocer a sus ciudadanos retornados como víctimas de trata y tráfico de personas, evitar su criminalización y profundizar las investigaciones judiciales locales para desarticular las redes de intermediarios que operan en sus territorios.


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