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La vocal cuenta con formación especializada en administración de justicia y experiencia en distintas áreas del Órgano Judicial.
23/10/2026 19:30
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Irma Villavicencio Suárez asumió la presidencia del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Santa Cruz, en reemplazo de Aldo Ismael Quezada Cerruti, quien presentó su renuncia irrevocable a la presidencia y al cargo de vocal de la Sala Constitucional Segunda el jueves 22 de octubre.
Villavicencio es abogada, cuenta con un doctorado en Derecho con mención en Sistema Jurídico Plural y una maestría en Administración de Justicia. Su trayectoria profesional incluye experiencia en diferentes funciones dentro del sistema judicial y formación especializada en materia procesal, civil y familiar.
Trayectoria profesional y formación académica
De acuerdo con su hoja de vida, la nueva presidenta del TDJ cuenta con especialización en capacitación inicial para postulantes a jueces, además de formación en selección y capacitación para el ingreso a la carrera judicial.
También realizó diplomados en Derecho Notarial, Derecho Procesal Civil, aplicación del nuevo Código Procesal Civil —Ley 439—, Derecho Civil Sustantivo y Educación Superior, entre otras áreas.
A lo largo de su carrera se desempeñó como vocal, jueza de Partido en lo Civil y Comercial, jueza de Instrucción, secretaria de juzgado y actuaria del Juzgado de Instrucción de Familia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Asimismo, ejerció como notaria de fe pública y publicó tres artículos relacionados con la administración de justicia y el pluralismo jurídico.
Quezada renunció tras ser incluido en una lista de Estados Unidos
La salida de Aldo Quezada se produjo después de que su nombre fuera incluido en una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre ciudadanos bolivianos alcanzados por restricciones de visa.
Mediante una carta fechada el 22 de octubre, Quezada comunicó a la Sala Plena su renuncia irrevocable tanto a la presidencia del tribunal como a su cargo de vocal de la Sala Constitucional Segunda.
La restricción migratoria anunciada por Estados Unidos no constituye, por sí misma, una sentencia penal ni determina responsabilidad judicial en Bolivia.