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A través de un pronunciamiento público, la exautoridad municipal advirtió que las modificaciones en el calendario procesal vulneran sus garantías constitucionales y su derecho a una legítima defensa.
27/10/2026 18:38
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El exalcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, cuestionó el cambio de fecha de su audiencia judicial y advirtió que "mi libertad y el debido proceso están en riesgo", exigiendo una justicia verdaderamente independiente e imparcial. La exautoridad se pronunció de esta manera luego de que la justicia emitiera una orden de arraigo y una declaratoria de rebeldía en su contra dentro de la investigación por presunta malversación de fondos impulsada por la gestión del actual alcalde Carlos Saavedra.
Fernández detalló que en la audiencia del 22 de octubre de 2026 la jueza Ana Gloria Rojas fijó inicialmente el actuado para el 9 de noviembre, pero posteriormente modificó la fecha de oficio para el 27 de noviembre. No obstante, señaló que la misma autoridad volvió a cambiar el calendario y adelantó la diligencia para este 27 de octubre, generando interrogantes sobre los fundamentos jurídicos y la transparencia del procedimiento.
El exburgomaestre advirtió que esta sucesión de decisiones procesales pone en peligro su seguridad jurídica y podría conducir a su aprehensión dentro de una audiencia cautelar carente de imparcialidad. Ante este escenario, exigió públicamente que se expliquen los fundamentos legales del cambio de fecha y que las instancias competentes revisen exhaustivamente las actuaciones cuestionadas.
Desde su perspectiva, la presión política detrás de este proceso busca desviar la atención ciudadana de las promesas incumplidas y de los cuestionamientos vigentes contra la actual administración municipal. Entre las observaciones planteadas, denunció que no se cumplió con la reducción del pasaje del transporte público y que se recaudaron más de 2.000 millones de bolivianos sin obras de impacto.
Asimismo, el exalcalde cuestionó la falta de entrega oportuna de paquetes escolares para estudiantes de primaria y secundaria, además de la eliminación del bono de 400 bolivianos programado en el POA 2026. Sostuvo que estas problemáticas exigen respuestas claras con documentación y rendición de cuentas, en lugar de quedar eclipsadas por un proceso judicial supuestamente condicionado.
Para finalizar, la exautoridad recalcó que la justicia no puede convertirse en un instrumento de persecución ni la política estar por encima de la ley, exigiendo garantías plenas para ejercer su defensa. "No pido privilegios ni un trato especial: exijo que se cumpla la ley y que se respeten las garantías que corresponden a toda persona", puntualizó en su comunicado oficial.