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El abogado constitucionalista José Luis Santistevan, identificó cuatro medidas centrales que, según su propuesta, deberían ser incorporadas en una nueva normativa
12/08/2026 15:58
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La crisis por la escasez de diésel y las dificultades para concretar la importación libre de combustibles requieren, además de nuevas disposiciones, cambios en las normas que actualmente regulan el proceso, según el análisis del abogado constitucionalista José Luis Santistevan.
El jurista planteó la elaboración de un nuevo decreto supremo que, a su criterio, permita reducir la burocracia y facilite la participación del sector privado en la importación de gasolina y diésel.
Excluir gasolina y diésel de sustancias controladas
Como primer punto, el abogado planteó retirar la gasolina y el diésel de la lista de sustancias controladas.
Según Santistevan, esta modificación permitiría reducir procedimientos que considera innecesarios y que terminan generando mayor burocracia en el proceso de importación.
“Eso genera burocracia, ineficiencia, corrupción”, sostuvo al explicar su propuesta.
El analista considera que la exclusión permitiría diferenciar la actividad comercial de importación de combustibles de los mecanismos destinados al control de sustancias vinculadas con actividades ilícitas.
La ANH como única autoridad para el proceso
La segunda medida planteada consiste en establecer que la ANH sea la única entidad encargada de autorizar y fiscalizar la importación de gasolina y diésel, además de verificar la calidad de los productos y controlar su comercialización.
Santistevan cuestionó la participación de distintas instituciones en el proceso y afirmó que esta multiplicidad de controles termina dificultando la importación privada.
A su criterio, la normativa debería delimitar claramente las competencias para evitar que distintas entidades intervengan en una actividad que considera comercial y lícita.
“Ni YPFB ni el Ministerio”, afirmó al referirse a las instituciones que, según su análisis, no deberían asumir las funciones que corresponden a la autoridad reguladora.
Reconocer la propiedad privada del combustible importado
Como tercer elemento, Santistevan propuso que la normativa establezca expresamente que la gasolina y el diésel importados por privados constituyen propiedad privada.
El abogado sostiene que estos productos, cuando son adquiridos mediante importación privada, no deberían ser considerados parte de la cadena productiva estatal de hidrocarburos, sino de una actividad comercial.
Desde su perspectiva, esta diferenciación permitiría dar mayor claridad jurídica a quienes pretendan ingresar al mercado mediante la importación de combustibles.
Eliminar aranceles e impuestos
El cuarto planteamiento está relacionado con los costos de importación. Santistevan propone suspender o eliminar los aranceles y otros impuestos aplicables a la importación de gasolina y diésel, al considerar que estos cargos dificultan que los privados puedan competir en el mercado.
El analista cuestionó que, mientras el combustible comercializado internamente cuenta con un precio subvencionado, el producto importado debe enfrentar costos asociados a la compra internacional, el tipo de cambio y las cargas tributarias.
“Es imposible competir”, sostuvo.
En ese sentido, consideró que los costos adicionales terminan haciendo que el combustible importado sea más caro que el que se comercializa bajo el esquema vigente en Bolivia.
“Las mismas normas no permiten despegar”
Para Santistevan, la dificultad para concretar la importación libre no estaría únicamente relacionada con la disponibilidad de combustible en el mercado internacional, sino también con las condiciones establecidas por la normativa nacional.
El abogado cuestionó que, pese a la vigencia del Decreto Supremo 5644, promulgado el 29 de junio de 2026, la importación libre no haya alcanzado el resultado esperado.
A su juicio, la combinación de trámites, controles, impuestos y participación de diferentes instituciones mantiene “trancado” el proceso.
“Las mismas normas no permiten despegar la importación libre de los carburantes”, afirmó.
El analista advirtió que, si no se modifican estas condiciones y no se establece un marco normativo que haga viable la participación privada, la crisis de abastecimiento podría profundizarse.
Su propuesta, en síntesis, apunta a reducir la burocracia, concentrar las competencias en la ANH, dar seguridad jurídica a los importadores privados y eliminar cargas que encarecen el combustible importado.
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