Militares implicados: armamento robado tenía destino en minería ilegal, según investigación

Un operativo conjunto entre la Armada Boliviana y la Policía Boliviana permitió recuperar el armamento robado durante el fin de semana en un cuartel del departamento de Chuquisaca, en medio de investigaciones que apuntan a una red organizada con participación de militares y presuntos civiles extranjeros.

El material bélico fue localizado en inmediaciones del cementerio de Tilata, lugar que —según las autoridades— iba a ser utilizado como punto de intercambio por dinero.

Tras el hallazgo, se reportó la aprehensión de seis personas y el arresto preventivo de otras tres. Todos los implicados serían efectivos militares vinculados a la unidad naval, entre ellos un teniente de fragata, un alférez, dos sargentos y dos marineros.

Además, se dispuso el estado de emergencia institucional en todas las guarniciones de la Armada a nivel nacional y el despliegue de al menos 380 efectivos, con énfasis en zonas fronterizas, para evitar nuevos hechos.

Las investigaciones preliminares señalan que el armamento sustraído tenía como destino organizaciones criminales dedicadas a actividades ilícitas, principalmente relacionadas con la minería ilegal.

“Se tiene información de que este armamento iba a dar a manos de una organización criminal vinculada al avasallamiento de tierras y a la minería ilegal”, indicaron las autoridades, mencionando zonas en conflicto como Sorata.

Asimismo, se investiga la posible participación de civiles, incluyendo personas de nacionalidad venezolana y peruana, lo que refuerza la hipótesis de una red delictiva estructurada.

“Esta organización estaría integrada por ciudadanos bolivianos y extranjeros, posiblemente venezolanos y peruanos”, añadieron.

El caso fue remitido al Ministerio Público de Bolivia, instancia encargada de llevar adelante el proceso penal, mientras que la Armada inició procesos disciplinarios internos contra los implicados, incluyendo al comandante de la unidad.

Las autoridades recordaron que este tipo de delitos puede ser sancionado con penas de hasta 30 años de prisión para militares o policías, y entre 8 y 10 años para civiles.

Las investigaciones continúan en curso para establecer todas las responsabilidades y determinar si existen más personas involucradas en este caso que ha generado preocupación por la seguridad y el control del armamento en el país.