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Ministerio Público investiga delitos durante las marchas en La Paz

El fiscal de materia informó que 130 personas fueron aprehendidas o arrestadas durante la jornada de movilizaciones, y precisó que se investigan delitos como instigación pública a delinquir, lesiones y daños a bienes del Estado.

Foto: Arrestados en las marchas APG
La Paz

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Johan Muñoz, fiscal encargado de los casos derivados de los enfrentamientos en La Paz el 18 de mayo, indicó que se registraron 130 personas entre aprehendidas y arrestadas, de las cuales la mayoría de los arrestados ya fueron liberados tras cumplir requisitos como la verificación domiciliaria y presentación de garantes.

“De las personas arrestadas, la mayoría ya ha obtenido su libertad porque cumplieron con la verificación domiciliaria y con el garante solvente”, señaló Muñoz.

En flagrancia

El fiscal explicó que los 29 aprehendidos se encontraban en flagrancia y que sus casos requieren un tratamiento más delicado debido a la relevancia jurídica de los delitos imputados, que incluyen instigación pública a delinquir, impedir o estorbar funciones públicas, destrucción de bienes del Estado, homicidio en grado de tentativa, robo agravado y lesiones graves y leves.

“Cada uno de los fiscales debe valorar los elementos de convicción para determinar la imputación y solicitar, de ser necesario, medidas cautelares como detención preventiva o presentación periódica ante el Ministerio Público”, agregó.

Dinero encontrado

El fiscal Muñoz destacó que los casos fueron distribuidos entre los fiscales especializados, quienes ya han emitido las imputaciones correspondientes, mientras que los elementos relacionados con un montante de 243.000 bolivianos fueron derivados a la unidad especializada en legitimación de ganancias ilícitas, para investigar su procedencia y finalidad.

“Ese caso ha pasado a un fiscal especializado y se continuará con la investigación para determinar la relación del dinero con los hechos violentos”, explicó Muñoz.

Finalmente, el fiscal recalcó que todas las actuaciones se realizan bajo los principios de legalidad, objetividad y oportunidad, garantizando el respeto a los derechos de los imputados y la protección de víctimas y testigos durante las investigaciones.

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