“No solo investigamos empresas, también rutas y estructuras logísticas”: Fiscalía sobre caso narcomadera

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz confirmó que seis empresas se encuentran bajo investigación dentro del caso relacionado con la presunta impregnación de sustancias controladas en productos madereros que habrían sido exportados hacia Chile.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que las pesquisas se desarrollan de manera conjunta con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), con el objetivo de identificar las rutas utilizadas, los patrones logísticos empleados y a las personas o empresas presuntamente vinculadas al hecho investigado por tráfico de sustancias controladas.

Según explicó la autoridad, la comisión de fiscales y los investigadores asignados al caso analizan una amplia documentación remitida por distintas instituciones, entre ellas la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), relacionada con contenedores retenidos y con los requisitos exigidos para la exportación de productos forestales.

“Esta documentación ya fue entregada a la Comisión de Fiscales. Se trata de un volumen importante de información que está siendo revisada tanto por fiscales como por investigadores”, señaló Zeballos.

Durante los operativos realizados en el marco de la investigación, las autoridades recolectaron diversos elementos de interés, entre ellos documentos, computadoras, unidades de procesamiento (CPU), dispositivos móviles y muestras de madera que presuntamente fueron exportadas al país vecino.

Estas muestras serán sometidas a pericias especializadas para determinar científicamente si contienen sustancias controladas. Los análisis estarán a cargo de la Policía Boliviana y del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que evaluarán la composición de las maderas, pinturas y pegamentos utilizados.

Asimismo, la Fiscalía emitió requerimientos de información a entidades como el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), con el fin de identificar a los propietarios, representantes legales y funcionarios que participaron en los procesos de inspección y certificación de los contenedores investigados.

Paralelamente, se reciben declaraciones de gerentes, representantes legales y otros actores vinculados a las operaciones de exportación, con el propósito de establecer el cumplimiento de los procedimientos y responsabilidades correspondientes.

Zeballos también destacó que se activaron mecanismos de cooperación jurídica internacional para obtener apoyo técnico de organismos de Estados Unidos. En ese marco, se solicitó la colaboración de la DEA en Miami para contrastar y fortalecer los resultados de las pericias científicas realizadas en Bolivia.

“La investigación continúa y se están realizando todos los actos útiles y pertinentes para descubrir la verdad histórica de los hechos”, afirmó la autoridad.

El proceso permanece abierto contra autores aún no identificados por el presunto delito de tráfico de sustancias controladas, mientras avanzan las pericias y el análisis de la documentación recolectada.