La viceministra de Igualdad de Oportunidades cuestionó la falta de equipos multidisciplinarios en las regiones y la lentitud judicial que prolonga el calvario de las familias de las víctimas.
23/06/2026 10:59
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La alarmante cifra de 43 feminicidios registrados a nivel nacional en lo que va del año provocó un duro pronunciamiento por parte del Gobierno. Tras confirmarse el cruel asesinato de Bianca, una joven de 26 años golpeada severamente por su pareja en La Paz, la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría, apuntó de forma directa a las deficiencias estructurales que impiden frenar la violencia de género en el país.
¿Por qué hay más feminicidios en La Paz?
Para la autoridad, el hecho de que el departamento de La Paz lidere la lista negra con 17 casos no es una casualidad, sino el reflejo de falencias operativas en los gobiernos locales. Echeverría apuntó a la desarticulación de los servicios básicos de primera acogida a las víctimas como el principal detonante de las tragedias.
"Lastimosamente han existido fallas en lo que viene a ser la prevención desde los municipios; no se cuenta con los equipos completos y cuando una persona es víctima y se trata de un reincidente, muchas veces no se actúa a tiempo", afirmó la viceministra.
Echeverría reveló un dato alarmante que cuestiona la efectividad de las medidas de seguridad vigentes: entre el 83% y el 85% de los agresores en casos graves resultan ser reincidentes. Según explicó, la falta de un seguimiento policial riguroso deja en total vulnerabilidad a las denunciantes, permitiendo que las dinámicas de control y aislamiento escalen hasta consecuencias fatales.
Empatía hacia el agresor
Asimismo, la viceministra manifestó su profunda preocupación por una corriente digital que busca minimizar la problemática. Denunció la existencia de maquinarias de opinión en redes sociales que atacan sistemáticamente a quienes rompen el silencio, actuando como un factor que valida e incentiva las conductas violentas de los agresores.
"Todo este tipo de situaciones hace realmente daño porque les decimos a las mujeres que se animen a denunciar y cuando una mujer decida hacerlo público es precisamente porque no está encontrando una respuesta en el sistema judicial", lamentó.
Desde su perspectiva técnica como abogada y exfiscal, la autoridad también arremetió contra los tiempos de respuesta de los tribunales de justicia. Calificó como un "calvario" el hecho de que un proceso por feminicidio llegue a tardar entre dos y tres años para conseguir la pena máxima de 30 años de cárcel, sometiendo a las familias a un desgaste emocional innecesario.
Falta de normativas antiviolencia
Echeverría enfatizó que la responsabilidad gubernamental no termina con el encarcelamiento del culpable. Exigió la pronta promulgación del reglamento para la ley de asistencia a los huérfanos de feminicidio, remarcando que el Estado boliviano no puede desentenderse de las vidas de los menores sobrevivientes.
"El Estado no puede dar simplemente la espalda y creer que se ha hecho suficiente con una sentencia condenatoria de 30 años. Tenemos el deber de tutelar por aquellos niños y niñas que de la manera más cruel han perdido a sus madres", señaló.
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