Restricciones por segunda vuelta: sin campañas, sin alcohol y con control vehicular

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que desde este viernes rige el silencio electoral en cinco departamentos del país, como parte de las medidas previas a la segunda vuelta para la elección de gobernadores.

El secretario de Cámara del TSE, Fernando Arteaga, explicó que esta disposición implica la prohibición de realizar campañas políticas, consumir bebidas alcohólicas y organizar espectáculos públicos durante la jornada electoral.

“Se mantienen estas restricciones que son normales en procesos electorales, también hay restricción vehicular en los cinco departamentos”, señaló la autoridad.

Asimismo, se informó que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas fueron desplegadas para garantizar la seguridad en recintos electorales, centros de votación y en la cadena de custodia del material electoral.

“Se ha hecho la planificación respectiva para esta tarea de seguridad, que es formal en procesos electorales”, afirmó.

En cuanto al desarrollo del proceso, el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Sirepre) operará el mismo día de la votación, mientras que el cómputo oficial en cada departamento tendrá un plazo máximo de cinco días, aunque se prevé que pueda completarse en aproximadamente 48 horas debido a que solo participan dos candidatos por región.

Respecto al calendario posterior a las elecciones, el TSE anunció que la entrega de credenciales a las autoridades electas comenzará el 28 de abril, mientras que la posesión de los nuevos gobernadores y autoridades municipales está prevista a partir del 3 de mayo.

En relación al departamento de La Paz, la autoridad reiteró que no habrá segunda vuelta tras el fallo de la Sala Constitucional que dejó firme la decisión del TSE de proclamar directamente a Luis Revilla como gobernador.

“Es un tema ya cerrado y concluido, lo que brinda seguridad y certeza jurídica en el departamento de La Paz”, sostuvo.

El TSE aseguró que todas sus actuaciones se enmarcan en la Constitución y la normativa vigente, reafirmando la legalidad del proceso electoral en curso.