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Suman las voces pidiendo que se cumpla con el traslado de Camacho a Santa Cruz

Martín Camacho afirmó que el gobernador debería encontrarse en Santa Cruz el domingo 10 de marzo, y que existen garantías para que esto se cumpla.

Luis Fernando Camacho trasladado a Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El próximo 11 de marzo está prevista la audiencia de juicio oral contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en relación con el caso del decretazo. Sin embargo, aún hay incertidumbre sobre su traslado para dicho proceso. El gobierno ha sugerido que la audiencia se realice de manera virtual, mientras que otros sectores políticos abogan por un traslado físico a Santa Cruz.

El abogado del gobernador argumentó que, según el artículo 330 del Código de Procedimiento Penal, las audiencias deben llevarse a cabo de forma presencial. Esto además ocurrió tras rechazarse el memorial que presentaron los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS). “El memorial que presentaron los asambleístas del MAS para que la audiencia se desarrolle de manera virtual fue rechazado. Por lo tanto, el juicio oral se mantiene de parte del tribunal de sentencia y debe instalarse a las 13:30 del día lunes 11 de marzo", enfatizó.

Martín Camacho afirmó que el gobernador debería encontrarse en Santa Cruz el domingo 10 de marzo y que existen garantías para que esto se cumpla.

En medio de estas discusiones, diversas figuras políticas han expresado sus posturas. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, ha instado a dejar de lado las diferencias políticas y priorizar la reconciliación, argumentando que el gobernador debería estar en su hogar en Santa Cruz para hacer frente a las acusaciones en su contra.

A su parecer, no existen razones para que el gobernador no pueda ser trasladado para dar sus declaraciones en Santa Cruz. "Ojalá que esto se pueda solucionar de una vez y Luis Fernando Camacho sea liberado, porque así debería corresponder", dijo el alcalde.

Por otro lado, asambleístas expresaron su preocupación por el posible incumplimiento de la resolución judicial, señalando que esto podría constituir un delito por parte de las autoridades penitenciarias y del Ministerio de Gobierno. "Me pregunto, ¿será que un fiscal va a abrir un proceso de oficio por el incumplimiento de deberes en el que están incurriendo las autoridades del régimen penitenciario de Chonchocoro y el Ministerio de Gobierno?", dijo Paola Aguirre.

En tanto, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha manifestado su preocupación por el impacto que podría tener el traslado de Camacho en la estabilidad del país, citando la declaración de "persona no grata" emitida por reclusos en la prisión de Palmasola.

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