Analista ve innecesaria la Ley de Estados de Excepción y pide aplicar el Código Penal ante bloqueos

Tras la aprobación del proyecto de ley de Regulación de Estados de Excepción en la Cámara de Senadores, las repercusiones jurídicas y políticas no se han hecho esperar. Para el abogado y analista político Johnny Nogales, la redacción de esta norma reglamentaria —que busca subsanar el vacío constitucional dejado tras la abrogación de la denominada "ley Copa" (Ley 1341)— resulta extemporánea e innecesaria para frenar la extrema situación que golpea al territorio nacional tras más de un mes de asedio en las carreteras.

"Evidentemente no creo que se necesita un reglamento ni una ley de esta naturaleza para aplicar las sanciones que se deberían aplicar", aseveró contundentemente Nogales. El jurista argumentó que el marco legal vigente es más que suficiente para actuar de inmediato: "Ya nuestros códigos, principalmente el penal, establecen la calidad de los delitos que se están cometiendo a raíz precisamente de unas acciones que iniciaron con la intención de ser reclamos sindicales, pero que ahora se expresan claramente como un movimiento político que trata de derrocar a un gobierno legalmente constituido".

Bloqueos como "delitos de lesa humanidad" y el repliegue del Estado

A tiempo de evaluar los 35 días de movilizaciones que mantienen desabastecidas a las principales ciudades del eje, el analista equiparó las consecuencias de las medidas de presión con crímenes de alcance internacional, apuntando al saldo fatal que ya registran los reportes médicos.

"El no haber permitido pasar alimentos, medicamentos, el no permitir la libre circulación están específicamente regidos en nuestro Código Penal precisamente como unos delitos y yo es más lo aparejaría a la legislación internacional que los toma como delitos de lesa humanidad (...) Entiendo que hasta el momento hay, según un comentarista, 17 personas que han fallecido por falta de una adecuada atención médica y esto significa que estamos dañando a la población, que estamos usando a la población como un instrumento de presión, como unos rehenes para conseguir unos propósitos que son absolutamente antidemocráticos e inconstitucionales", manifestó.

Nogales expresó además su profunda preocupación por las condiciones en las que las fuerzas del orden son enviadas a desbloquear los puntos de conflicto. "Me da muchísima pena ver cómo los policías y los militares son enviados a enfrentar a los bloqueadores apenas con unos escudos de protección, mientras del otro lado tenemos dinamita, tenemos bombas Molotov, tenemos piedrazos", describió, explicando que esto responde a un "desmantelamiento de las capacidades" operativas de las instituciones del orden ejecutado durante las últimas dos décadas.

Asimismo, fue enfático al señalar que una medida de excepción requiere de estrategia y no de simples advertencias vacías: "No es cuestión de dictar un estado de excepción o el estado de sitio, como se llamaba antes (...) sino tener una planificación adecuada para que ese estado de excepción dé resultados. Y sinceramente creo que aquí no se debe tratar de una amenaza más".

Crítica a la "debilidad" presidencial y el quiebre del balotaje

El politólogo cuestionó la lectura política del actual mandatario Rodrigo Paz respecto a su base de apoyo y su insistencia en retroceder ante las presiones sectoriales, recordando hitos como la anulación del decreto 5503 en El Alto o los retrocesos con la ley 1720.

"El señor presidente de la República tiene que comprender que una muestra absoluta de debilidad, no ya de apego al diálogo, es la que está demostrando en momentos en que la ciudadanía entera está sufriendo la falta de alimentos, de medicamentos, de combustible (...) El propósito de ellos es el de derrocar al gobierno. ¿Para qué? Para restituir el poder para las personas que en este momento están viendo amenazada la impunidad con la que han manejado sus negocios durante tantísimos años", remarcó Nogales.

En su análisis electoral, aclaró que el 54% de respaldo obtenido por Paz fue el resultado del balotaje frente a Tuto Quiroga, donde muchos simpatizantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) votaron obligados por las circunstancias, siguiendo incluso directrices de Evo Morales. Por tanto, aclaró que el mandatario no le debe sumisión a este sector beligerante. "Esa percepción de que lo apoyaron y que por tanto tiene responsabilidades hacia ellos es absolutamente falsa. La responsabilidad del presidente es con todos los ciudadanos bolivianos y no con las decenas de miles que en este momento están enguerrillados pidiendo su salida", puntualizó.

El "corporativismo sindical" y la condena de los ciudadanos libres

En el plano estructural, Nogales teorizó sobre el modelo sociopolítico que se ha consolidado en el país, definiéndolo como un "corporativismo sindical comunitario" que ha anulado la individualidad del ciudadano frente a las dirigencias.

"Su principio es que la unidad fundamental de la vida política deja de ser el ciudadano y pasa a ser la organización, una organización a la que ese ciudadano le entrega todas sus decisiones", explicó el analista, advirtiendo que bajo este esquema las marchas y bloqueos se vuelven mandatos forzosos: "La discrepancia deja de ser un derecho y puede ser una conducta que es sancionable, si no cumplen, se les sanciona. Las formas de coerción varían (...) multas, presiones comunitarias, exclusión social, amenaza de pérdida de beneficios, hasta de castigos corporales, azotes que son incompatibles con una sociedad de ciudadanos libres".

Finalmente, el profesional instó al Poder Ejecutivo a dejar de lado los temores y la retórica defensiva ante las amenazas de las bases cocaleras del Chapare, exhortando a hacer valer el estado de derecho. "Una frase que me quedó grabada del doctor Víctor Paz Estenssoro cuando trabajé con él es que la mayor dictadura es el sometimiento a la ley, y si no estamos dispuestos a hacer prevalecer la ley, vamos lamentablemente a fracasar en la conducción del país", concluyó.