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Estado de excepción podría agravar conflictos, según la Defensoría del Pueblo

Desde la jefatura de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura advierte que la falta de acercamiento entre las partes ha profundizado el conflicto y que la aplicación del estado de excepción podría agravar la situación.

Foto: Marco Loayza, Defensoría del Pueblo
La Paz

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El jefe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo, Marco Loayza, aseguró que la vía del diálogo sigue siendo la única alternativa para resolver los conflictos que han mantenido al país en tensión durante más de 40 días.

Loayza explicó que, desde el inicio de las movilizaciones, la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos intentaron establecer mesas de diálogo, pero las posiciones extremas e irracionales de algunas partes han impedido avances significativos.

“Esto se ha iniciado con reclamos sobre la gasolina y decretos del gobierno, y ha escalado hasta la solicitud de renuncia del presidente. Lamentablemente, ni una sola vez se ha logrado sentar a las partes en la mesa de diálogo”, indicó Loayza

Preocupación por Estado de Excepción

Desde la Defensoría se expresó su preocupación por la posible declaración de estado de excepción, argumentando que podría profundizar la crisis y generar más conflictos, tal como se ha observado en hechos recientes como los ocurridos en San Julián.

Loayza advirtió que la ley de Estados de Excepción requiere un control legislativo sólido y la autorización de la Asamblea Legislativa, y cuestionó la disposición de algunos artículos que permitirían mantener medidas sin la aprobación parlamentaria, lo que podría vulnerar la Constitución.

“La votación debería considerar un control legislativo más estricto, por ejemplo, con quórum calificado de dos tercios, para proteger los derechos de las minorías. Estamos hablando de medidas que limitan derechos fundamentales como la circulación y la reunión”, explicó el constitucionalista.

Falta de diálogo

El experto subrayó que la conmoción interna actual evidencia la incapacidad dialógica del Estado y de la sociedad para resolver conflictos mediante canales institucionales, y que la Defensoría del Pueblo seguirá actuando como puente de diálogo entre las partes para evitar un agravamiento de la crisis.

“Llegar a este extremo es un fracaso de nuestra vocación democrática. La Defensoría continuará intentando mediar para que las partes puedan dialogar, pese a que aún no se ha sentado nadie en la mesa tras 40 días de conflicto”, concluyó Loayza.

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