Defensoría exige a gobernaciones cumplimiento del pago de prediarios para privados de libertad

La Defensoría del Pueblo manifestó su profunda preocupación por las reiteradas situaciones de conflicto que se han generado en distintos centros penitenciarios del país debido al incumplimiento en el pago de prediarios destinados a la provisión de alimentación para las Personas Privadas de Libertad (PPL).

En lo que va del año, la institución defensorial ha registrado al menos cuatro incidentes vinculados al retraso en dichos pagos. El más reciente ocurrió el pasado 2 de septiembre en el Centro de Rehabilitación de Varones Mocoví, en Trinidad. Previamente, el 30 de julio, en Santa Cruz, la Defensoría promovió la instalación de una mesa de diálogo entre autoridades de la Secretaría Departamental de Justicia y Hacienda, Régimen Penitenciario y el proveedor de alimentación, tras el anuncio de suspensión del servicio. Situaciones similares se presentaron en abril en el penal de El Abra (Cochabamba) y en febrero en el PC4 del Centro de Rehabilitación Santa Cruz “Palmasola”.

En mayo de este año, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ya había exigido a las gobernaciones el cumplimiento oportuno de sus responsabilidades, recordando que el impago de prediarios constituye una grave vulneración de derechos humanos fundamentales, como la alimentación, la salud y la vida digna, conforme establece el Decreto Supremo N° 1854.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades departamentales a garantizar el pago oportuno de los prediarios y a implementar mecanismos de prevención que eviten la generación de nuevos conflictos dentro de los recintos penitenciarios. Asimismo, recuerda que el uso responsable de la detención preventiva y la atención a las necesidades básicas de las PPL son medidas indispensables para reducir el hacinamiento y garantizar condiciones de vida dignas.

Mire el comunicado de la Defensoría del Pueblo: