Legisladores piden que los daños por bloqueos no queden impunes

Tras más de 50 días de bloqueos, pérdidas económicas, desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y oxígeno, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó con más de dos tercios el Decreto Supremo 5636, que respalda el estado de excepción por 90 días en Bolivia.

La medida, anunciada por el presidente Rodrigo Paz luego de un acuerdo con la Central Obrera Boliviana, abrió el debate sobre sus alcances, duración, controles democráticos y el futuro de la pacificación en el país.

La diputada de Alianza Libre, Lissa Claros, y el diputado del PDC, Ricardo Rada, evaluaron la declaratoria y coincidieron en que el país necesitaba recuperar la transitabilidad, el abastecimiento y el orden, aunque remarcaron que debe investigarse a los responsables de los hechos de violencia y los daños causados durante el conflicto.

Claros: “La medida llegó demasiado tarde”

La diputada Lissa Claros sostuvo que el estado de excepción era necesario, pero consideró que fue asumido de manera tardía, después de semanas de afectación a las familias bolivianas.

Según la legisladora, una decisión más oportuna pudo haber evitado pérdidas económicas, sufrimiento y mayores perjuicios a la población.

“La medida ha llegado demasiado tardía. Han sido más de 50 días, creemos que era necesaria muchísimo antes y se podría haber evitado muchísimo sufrimiento a la población boliviana”, señaló.

Claros aclaró que el respaldo legislativo al decreto no debe entenderse como un apoyo político al Gobierno, sino como una defensa de la democracia, la institucionalidad y la necesidad de devolver certidumbre al país.

Rada afirma que el Gobierno agotó el diálogo

Por su parte, el diputado Ricardo Rada señaló que el presidente Rodrigo Paz mostró disposición al diálogo hasta el último momento, pero sostuvo que algunos sectores movilizados no habrían buscado resolver demandas concretas, sino generar una crisis política.

El legislador afirmó que, durante los 50 días de conflicto, varias demandas fueron atendidas, pero que persistió una posición orientada, según su criterio, a forzar la renuncia del presidente.

Rada indicó que los hechos registrados en los bloqueos justificaron el paso de una fase de negociación a una medida excepcional.

Exigen investigación y advierten que no debe haber impunidad

Claros remarcó que Bolivia no puede enviar el mensaje de que se puede bloquear, cometer delitos y quedar sin sanción. En ese sentido, pidió que la justicia investigue a los autores materiales e intelectuales de los hechos ocurridos durante los bloqueos.

La diputada también mencionó que se debe indagar el rol de dirigentes y sectores que participaron en las medidas de presión, además de posibles vínculos o injerencias externas, extremo que debe ser investigado por las instancias correspondientes.

“Bolivia no puede convertirse en un país de la impunidad”, afirmó.

Rada coincidió en que los hechos de violencia, agresiones a uniformados, pérdidas de vidas y perjuicios a la población no deben quedar sin investigación. El legislador sostuvo que, si el Ejecutivo no impulsa acciones suficientes, desde el Legislativo buscarán mecanismos de fiscalización.

Estado de excepción entra en su tercer día

El estado de excepción cumple su tercer día de vigencia en Bolivia, mientras las autoridades apuntan a concluir el desbloqueo total de carreteras y normalizar el abastecimiento de combustible, alimentos y medicamentos, principalmente en el departamento de La Paz, que estuvo cercado durante más de 50 días.