Presidenta del TCP pide completar elecciones judiciales y alerta que existen 20.000 causas pendientes

La presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio, señaló que una de las prioridades de la institución es completar las elecciones judiciales en los departamentos donde persisten acefalías, con el fin de fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia constitucional.

Prudencio recordó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) que actualmente el Tribunal Constitucional trabaja con cuatro magistrados electos, mientras permanecen pendientes cinco autoridades que deben ser elegidas por voto popular.

“Los cuatro magistrados electos no podemos guardar silencio respecto a estas acefalías”, señaló la presidenta del TCP, al indicar que se debe garantizar el derecho de la ciudadanía a elegir democráticamente a sus autoridades judiciales.

Piden reunión con el TSE

La autoridad informó que presentó una nota ante el Tribunal Supremo Electoral para solicitar una reunión con el pleno de esa institución y analizar la viabilidad técnica y legal de las elecciones judiciales pendientes.

Además, indicó que sostuvo reuniones con los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados para expresar la preocupación del TCP por la falta de autoridades electas en cinco departamentos.

Prudencio remarcó que el tema no puede quedar en silencio, pese a que durante los últimos meses la Asamblea Legislativa atendió otras prioridades relacionadas con la estabilidad económica, social y política del país.

20.000 causas pendientes

La presidenta del TCP también alertó que existen aproximadamente 20.000 causas pendientes de atención, heredadas de anteriores gestiones.

Afirmó que detrás de esos expedientes hay personas y familias que esperan una respuesta del Tribunal Constitucional, por lo que se implementan estrategias internas para acelerar el despacho de causas.

“Son 20.000 causas que están pendientes de atención, pero tras esos expedientes hay vidas, personas y familias que aguardan que el Tribunal Constitucional se pronuncie”, manifestó.

Proyecto de ley para descongestionar el TCP

Prudencio explicó que en diciembre de la gestión pasada se presentó un proyecto de ley para permitir que la Presidencia del TCP no solo cumpla funciones administrativas y representativas, sino que también pueda formar parte de una sala y asumir decisiones jurisdiccionales.

Según la autoridad, esta medida ayudaría a descongestionar la carga procesal del Tribunal.

Indicó que, en gestiones anteriores, ingresaban al TCP entre 7.000 y 8.000 causas por año, pero solo se resolvían alrededor de 3.000, lo que generó una acumulación progresiva de expedientes.

La presidenta señaló que, pese a trabajar solo con cuatro magistrados, el objetivo es cerrar la gestión con aproximadamente 7.000 causas resueltas.

“No se puede normalizar” el trabajo con cuatro magistrados

Prudencio aclaró que el trabajo del TCP no está paralizado y que el Tribunal sigue resolviendo causas dentro de sus competencias: control tutelar, control normativo y control competencial.

Sin embargo, sostuvo que no se puede normalizar que cuatro magistrados asuman una responsabilidad que constitucionalmente corresponde a nueve autoridades electas.

“No podemos normalizar esta situación. Tenemos que reponer el orden constitucional”, afirmó.

Niega presiones y “telefonazos”

Consultada sobre denuncias de presiones políticas en anteriores gestiones, Prudencio aseguró que en el actual Tribunal no se permitirán llamadas ni ingresos por vías informales para direccionar fallos.

Sostuvo que las acciones constitucionales no deben ser instrumentalizadas para favorecer a sectores políticos o económicos.

“Ya no se va a permitir el ingreso por la puerta de atrás ni llamadas para direccionar un fallo en uno u otro sentido”, señaló.

TCP no tiene infraestructura propia

La presidenta también se refirió a las limitaciones presupuestarias e institucionales del Tribunal Constitucional.

Indicó que el TCP no cuenta con infraestructura propia, pese a tener 28 años de vida institucional y 32 años desde su creación. Actualmente, funciona en un inmueble del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, cuya capacidad sería para 100 o 150 funcionarios, pero donde trabajan más de 300 personas.

Prudencio señaló que el Tribunal debe pagar alquileres para depósitos, oficinas y otros espacios, lo que representa una carga económica mensual.