Viceministro vincula a Marcelo Arce con red de combustible adulterado

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, informó que una organización criminal, que anteriormente se dedicaba a la exportación ilegal de combustible subvencionado, ha modificado su modus operandi hacia un esquema de importación fraudulenta, que llega a implicar a funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Según las investigaciones preliminares, este ilícito se estaría concretando principalmente en ciudades chilenas como Mejillones, Iquique y Arica, donde se desvían entre 500 y 1.000 litros de combustible por cisterna, los cuales luego son comercializados de forma ilegal a un precio aproximado de 1,40 dólares por litro.

Para encubrir el robo, el combustible era reemplazado por agua u otros líquidos sin valor, generando contaminación y afectando su calidad.

“El delito se consuma en territorio extranjero, donde sustraen el combustible y lo sustituyen con líquidos contaminantes, lo que deriva en gasolina y diésel adulterados”, explicó Paredes.

El viceministro indicó que este esquema no es nuevo, pero cobró mayor fuerza tras la eliminación de la subvención a los combustibles, lo que redujo las ganancias del contrabando tradicional hacia países vecinos. Ante este escenario, las organizaciones optaron por modificar su actividad hacia la adulteración.

Asimismo, señaló que existen fallas en los controles y en los contratos de provisión, ya que los parámetros de calidad establecidos fueron superados debido a la contaminación del carburante.

“Hay puestos ilegales en poblaciones cercanas a Arica y Mejillones. Las cisternas llegan a garajes, no retiran el precinto, sino que abren completamente la tapa e introducen mangueras para trasladar el combustible a vehículos particulares”, explicó.

Como parte de las medidas, el Gobierno anunció la implementación obligatoria de dispositivos GPS en las cisternas, así como el fortalecimiento de los sistemas de precintado para evitar nuevas vulneraciones.

En cuanto a responsabilidades, la autoridad sostuvo que estas son compartidas entre distintas instancias, incluyendo la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), YPFB y las empresas transportistas, debido a fallas en la supervisión y posibles actos de negligencia o participación delictiva.

En el marco de las investigaciones, se informó que al menos 30 funcionarios de YPFB están siendo investigados y que dos ya fueron detenidos en las últimas semanas, uno de ellos con un cargo jerárquico relevante. Además, se identificó a un presunto líder de la organización criminal, quien también fue aprehendido.

“Fue detenido Marcelo Arce, quien sería el líder de toda esta organización criminal”, agregó.

El viceministro anunció que se realizarán reformas estructurales en YPFB y en los mecanismos de control, incluyendo la revisión de contratos y la adopción de estándares internacionales en la provisión de combustible.

Finalmente, aseguró que las autoridades continuarán con las investigaciones para identificar a todos los responsables y que las denuncias sobre combustible adulterado serán atendidas de manera rigurosa para sancionar a los implicados.

“Ante cada denuncia vamos a investigar quién certificó, qué cisterna fue utilizada, para identificar con claridad a los responsables”, concluyó.