La simplificación normativa promueve la formalización y el crecimiento de emprendimientos en Bolivia

Iniciar un negocio en Bolivia representa una oportunidad para generar empleo, innovación y desarrollo económico. Sin embargo, para los emprendedores, convertir una idea en una empresa formal implica enfrentar un camino con desafíos administrativos, tributarios y legales que, en muchos casos, terminan desalentando la formalización.

Joaquín Vásquez, director de la carrera de Derecho de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que la complejidad regulatoria es uno de los principales retos que enfrentan quienes desean emprender.

“Un emprendedor que quiere abrir un nuevo negocio tiene que cumplir con leyes nacionales, departamentales y municipales. Es decir, que tiene que tener todo un esquema de compliance (cumplimiento de normativa) complejo para poder afrontar responsabilidades que pueden surgir con los tres estamentos del Estado”, señala.

Desde pequeños negocios familiares hasta startups con potencial de crecimiento, los emprendedores deben desenvolverse en un entorno donde los trámites, el acceso al financiamiento y la alta informalidad continúan siendo obstáculos importantes para consolidar proyectos sostenibles.

Regulaciones complejas frenan la formalización de negocios

Para operar legalmente, un emprendimiento debe cumplir con una serie de requisitos que involucran distintos niveles del Estado. El Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec) es donde se inicia con el nombre y la constitución legal mediante escritura pública, después procede con el registro de la Matrícula de Comercio.

Posteriormente, se tramita el NIT en el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), requisito esencial para operar formalmente. También se debe gestionar la licencia de funcionamiento en la alcaldía correspondiente.

Si la empresa tiene trabajadores, es obligatorio realizar los registros en la Caja Nacional de Salud (CNS), la Gestora de pensiones y el Ministerio de Trabajo. Estos pasos conforman el proceso básico de formalización empresarial en el país. A ello se suman, dependiendo del rubro: inspecciones, patentes, autorizaciones específicas y obligaciones relacionadas con la contratación de personal.

Según Vásquez, “las órdenes de funcionamiento, las licencias, las inspecciones, los pagos de patentes, los tributos, el tema de contratación de personal, emprender se vuelve una actividad extremadamente compleja, aunque sea un negocio muy pequeño”, explica.

Esta situación provoca que los emprendedores opten por permanecer en la informalidad, limitando su acceso a financiamiento, mercados más amplios y oportunidades de crecimiento.

Según datos del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), la informalidad laboral afecta, en promedio, al 55% de los trabajadores de la región de América Latina y el Caribe. En Bolivia, esta cifra supera el 80%, lo que sitúa al país entre los que registran los niveles más altos de empleo informal en la región y evidencia uno de los principales desafíos para su desarrollo económico y social.

Simplificar procesos impulsa el crecimiento empresarial

Frente a este panorama, especialistas coinciden en que la simplificación de trámites puede ayudar, como herramienta clave, a fortalecer el ecosistema emprendedor boliviano.

“Entonces, necesitamos como país poder fomentar que estas unidades económicas productivas informales, hoy en día el 80% de nuestras unidades económicas son informales, necesitamos lograr que se formalicen y esto es facilitando el sistema, simplificando el sistema”, sostiene Vásquez.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), advierte que: “la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del mercado laboral de América Latina y el Caribe”.

Según datos de la OIT, Bolivia se ubica en una posición crítica con una informalidad laboral del 82,3%, muy por encima del promedio regional. Le siguen Perú con 70,8% y Ecuador con 70%, cifras que reflejan la persistencia de la informalidad como un problema estructural en América Latina.

La formalización no solo brinda seguridad jurídica, sino que también permite acceder a créditos, participar en licitaciones, generar empleo formal y expandir mercados.