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Los fiscales buscan incorporar mensajes cifrados y pruebas de presuntos sobornos a funcionarios de cuatro países en el juicio contra Sebastián Marset, previsto para principios de 2027. La defensa cuestiona parte de la acusación y pidió excluir distintos elementos.
13/11/2026 9:08
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a un juez federal que admita mensajes interceptados y pruebas de supuestos sobornos que Sebastián Marset habría realizado a funcionarios de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Venezuela para mantener en funcionamiento su red internacional de narcotráfico.
El pedido forma parte de las mociones presentadas antes del juicio contra el presunto narcotraficante uruguayo, previsto para principios de 2027. Los fiscales sostienen que estas evidencias permitirán mostrar al jurado cómo operaba la organización criminal y de qué manera habría conseguido protección e información para evitar la intervención de las fuerzas del orden.
En sus argumentos ante el juez de distrito Rossie Alston Jr., los fiscales señalaron que Marset habría utilizado pagos a funcionarios gubernamentales para conseguir información y protección, lo que le habría permitido continuar con sus actividades ilícitas.
Según la acusación publicada por el portal OCCRP, Marset “pagó a funcionarios gubernamentales para obtener información y protección de las fuerzas del orden”. Los fiscales agregaron que “estos sobornos le permitieron continuar con sus actividades de narcotráfico, lavado de dinero y terrorismo sin la interferencia de las fuerzas del orden”.
Uno de los puntos que más llama la atención de los documentos judiciales está relacionado con Bolivia. La Fiscalía estadounidense sostiene que los presuntos pagos habrían permitido a Marset acceder a archivos policiales sobre narcotráfico, conocer con anticipación operaciones destinadas a capturarlo y recibir información sobre reuniones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) con funcionarios bolivianos.
Los fiscales también describieron el supuesto funcionamiento de la organización y afirmaron que Marset recurría a la violencia cuando no conseguía someter a quienes podían interferir en sus actividades.
“El acusado dirigía su organización de manera despiadada y brutal, asesinando a quienes se le oponían o cooperaban con las fuerzas del orden. Además, no toleraba la injerencia de los gobiernos en sus actividades delictivas, empleando un modelo clásico de soborno para coaccionar a los gobiernos a someterse a su voluntad”, señalaron en los documentos.
En otro pasaje, sostuvieron que “en la práctica, esto significaba que el acusado amenazaba, bombardeaba e incluso asesinaba a aquellos miembros de las fuerzas del orden a quienes no podía corromper”.
Los mensajes cifrados, otra pieza clave
La Fiscalía también pretende incorporar como prueba las comunicaciones cifradas que Marset y otros presuntos integrantes de la organización intercambiaron mediante teléfonos vinculados a la red Sky ECC.
Los investigadores identificaron 12 números de identificación personal que, según la acusación, habrían sido utilizados por participantes de la conspiración. Tres de esos números estarían vinculados a Marset y contendrían mensajes, fotografías de tatuajes, imágenes de su familia y otros elementos que permitirían establecer su identidad.
Los fiscales también señalaron que entre las comunicaciones figura una fotografía de una persona asesinada. En la documentación presentada sobre los mensajes de Sky ECC afirmaron: “el acusado envió por mensaje de texto una fotografía de la persona que asesinó, y el gobierno cuenta con pruebas independientes de que el acusado fue el responsable del asesinato”.
La utilización de estas comunicaciones podría convertirse en otro punto de discusión durante el proceso, debido a que la admisibilidad de los mensajes obtenidos de la red Sky ECC sigue siendo objeto de disputas legales en distintas jurisdicciones.
La defensa busca frenar parte de las pruebas
Por su parte, los abogados de Marset cuestionan la acusación y buscan impedir que el jurado conozca determinados elementos que consideran ajenos a los cargos específicos.
La defensa solicitó excluir las referencias a hechos violentos que no encajen en la definición de narcoterrorismo, una incautación de drogas en aguas internacionales cerca de África, registros bancarios que no estén directamente relacionados con los cargos y declaraciones de terceros vinculadas a la supuesta conspiración de lavado de dinero.
Además, los abogados sostienen que la acusación inicial por lavado de dinero es inválida porque se habría basado en una única transferencia bancaria entre Portugal y China que no involucró los servidores de un banco estadounidense. También argumentan que Marset nunca traficó drogas hacia Estados Unidos y cuestionan la aplicación de los cargos de narcoterrorismo por la situación legal de los grupos con los que supuestamente negoció.
Marset fue detenido durante un operativo realizado al amanecer en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en marzo de 2026, y posteriormente extraditado a Estados Unidos con apoyo de la DEA. Inicialmente fue acusado de lavado de dinero y después recibió nuevos cargos por narcotráfico y narcoterrorismo.
Su captura también tuvo repercusiones en Bolivia. Los videos del operativo desencadenaron una serie de medidas y cambios dentro de las instituciones, en medio de cuestionamientos sobre posibles vínculos entre funcionarios y estructuras del narcotráfico.
Por ahora, el juez Alston debe resolver las siete nuevas mociones presentadas en esta etapa del proceso. Mientras la Fiscalía busca incorporar mensajes, testimonios y presuntos pagos a funcionarios de cuatro países, la defensa intenta limitar las pruebas que podrían llegar ante el jurado.