La provincia argentina busca frenar la ola de intimidaciones en escuelas con una medida que apunta directamente a la responsabilidad de los adultos. Ya hay 26 adolescentes imputados.
23/04/2026 10:07
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El gobierno de Córdoba en Argentina, anunció una medida contundente para frenar las falsas amenazas de tiroteos en escuelas: cobrará los costos de los operativos de seguridad a los padres o tutores de los responsables.
La decisión fue confirmada por el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, quien además reveló que ya hay 26 adolescentes imputados desde que comenzó la seguidilla de intimidaciones en el país, tras un hecho ocurrido en Santa Fe.
“Esto no es una travesura, no es una broma, no es un acto de rebeldía: es un delito”, enfatizó el funcionario.
Los menores fueron imputados por amenazas calificadas por el anonimato, una figura contemplada en el Código Penal. Según explicó Quinteros, la imputación se aplica incluso a quienes no son punibles por su edad.
“En el caso de los menores entre 16 y 18 años se notifica la imputación aunque no haya punibilidad. Y para quienes sí son imputables, se realiza el tratamiento correspondiente”, detalló.
La medida sigue la línea de lo anunciado en Santa Fe y apunta a que los adultos responsables asuman las consecuencias económicas de estas acciones. El monto a pagar no será fijo, sino que dependerá del tipo de operativo desplegado.
“No es lo mismo una consigna policial en la puerta de un colegio que la intervención de una división especial por una supuesta amenaza de explosivo”, explicó el ministro.
En cada uno de los casos, la Policía de Córdoba evaluará los recursos humanos y materiales utilizados para luego intimar el pago correspondiente a las familias.
“El Estado no puede seguir pagando con los impuestos de todos este tipo de procedimientos. Esto también habla de la responsabilidad patrimonial”, remarcó Quinteros.
La decisión se da en medio de una creciente preocupación por la propagación de amenazas en distintas provincias.
“Lo estamos viendo en Buenos Aires, San Luis y otros distritos. Tras el hecho de San Cristóbal, comenzó a replicarse en varios puntos del país”, advirtió.
Finalmente, el funcionario hizo un llamado a las familias a reforzar el control y acompañamiento de los menores.
“El primer anillo de contención es la familia. Hay que estar atentos a lo que los chicos hacen con el celular. Es una herramienta muy útil, pero puede ser muy dañina si los adultos se desentienden”, concluyó.
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