Bloqueos dejan un perjuicio superior a los Bs 14.500 millones, señaló el ministro de Economía

El Gobierno nacional activó un estado de excepción focalizado con el objetivo primordial de restablecer la libre circulación y garantizar el derecho al trabajo en las regiones afectadas por las movilizaciones. Las fuerzas del orden, lideradas por la Policía y apoyadas por las Fuerzas Armadas, intervendrán de manera progresiva bajo criterios de estricta proporcionalidad, según lo que detalla el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.

En este contexto, aclaró que “este es un estado de excepción que si bien ha sido declarado de manera nacional, va a ser aplicado de manera focalizada” en los puntos donde persista la resistencia. Asimismo, la autoridad enfatizó que no existe ninguna suspensión de los derechos ni de las garantías constitucionales de los ciudadanos durante los operativos.

Un impacto financiero devastador para el país

Además, indicó que la crisis social ha dejado un perjuicio financiero que supera los 14.500 millones de bolivianos en pérdidas acumuladas, afectando gravemente al comercio, los servicios y el turismo. Al respecto, denunció que “Evo Morales, a partir de este intento golpista, intentó matar la economía”.

Frente a este escenario, el Ejecutivo central ha iniciado un plan de reconstrucción enfocado inicialmente en normalizar el flujo de combustible y asegurar que los alimentos regresen a los mercados para estabilizar los precios. Estas acciones inmediatas buscan aliviar la economía de las familias más vulnerables que han visto reducidos sus ingresos diarios hasta en un 80%.

Reactivación de los sectores productivos y justicia

El plan gubernamental también contempla mesas de trabajo con el sector productivo de alimentos y el transporte pesado para reponer el capital afectado tras 51 días de paralización en las carreteras. Las autoridades priorizarán la reactivación de la cadena avícola y lechera, además de brindar atención médica y financiera a los transportistas que quedaron retenidos por los bloqueos.

Finalmente, el ministro vinculó las movilizaciones con una reacción organizada del presunto ‘narcoterrorismo’ del Chapare ante los recientes operativos estatales que lograron cercar a grandes organizaciones criminales internacionales. Toda la información y evidencia financiera recolectada por el Estado será remitida al Ministerio Público para asegurar que los responsables del daño al país reciban las sanciones correspondientes.