Jueces confirman que hermano de Marset fue detenido y liberado en 2022 porque tenía "empleo y domicilio"

Según los detalles proporcionados por un grupo de jueces en conferencia de prensa, Gerardo Pedro Ferreira Rosendo da Silva, identidad falsa que usaba Diego Marset, hermano del narco uruguayo prófugo, acudió al Segip para modificar su nombre a Adolfo Temo Rea; sin embargo, su huella dactilar y fotografía no coincidieron con los datos registrados en el sistema RUI-BIO del Segip. Este incidente llevó a su detención en noviembre de 2022 y posterior imputación formal por los delitos de falsedad material ideológica y uso de instrumento falsificado.

Durante la audiencia de medidas cautelares, la fiscal a cargo del caso argumentó que Gerardo Pedro Ferreira poseía arraigo natural, ya que tenía empleo y domicilio fijo, lo que llevó a la solicitud de libertad bajo medidas personales en lugar de la detención preventiva. La jueza Ana Gloria Rojas concedió las medidas cautelares, resaltando que ello no implica el cierre del proceso legal, sino que este seguirá su curso normal. 

El caso Marset ha sido señalado como uno de los más complejos, y los jueces insisten en la importancia de respetar las normas procesales en todas las etapas de la investigación. La jueza hizo hincapié en que otorgar cautelares personales no implica la conclusión del proceso, sino que estas medidas continuarán su curso de manera regular.

El pronunciamiento de los jueces de Santa Cruz surge como respuesta a las declaraciones vertidas por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el pasado domingo 13 de agosto. Del Castillo hizo eco de una preocupante revelación: Diego Marset Alba, hermano del narco prófugo, supuestamente figura como el segundo al mando en la estructura del narcotráfico uruguayo en Bolivia. Aunque Diego Marset fue aprehendido en el año 2022, la sorpresa yace en que la justicia dispuso su liberación mediante el pago de una fianza de tan solo Bs 5.000, todo ello tras una solicitud emitida por la Fiscalía.

Según los detalles presentados por el ministro, el 11 de agosto de ese mismo año, Diego Marset compareció ante las oficinas del Segip en busca de una cédula de identidad, portando, sin embargo, documentos falsos con identidad alterada, lo cual condujo a su inmediata remisión a la Fiscalía. Ante tales acontecimientos, Eduardo del Castillo no dudó en apuntar hacia una posible complicidad entre el Ministerio Público y los jueces de turno, señalando en particular a la fiscal Lizet S.M., por no gestionar la detención preventiva, y a la jueza Rojas Flores, quien validó la solicitud y ordenó la controvertida fianza.