Fiscalía prescita helicóptero de empresa vinculada al caso Uelicn

Una comisión del Ministerio Público y uniformados de anticorrupción, quienes llegaron desde La Paz, procedieron este jueves a precintar un helicóptero en el Hangar 110 de Santa Cruz, que sería propiedad de la hija del accionista Nilo. H.V. de la empresa AM y M Bolivia SRL, compañía relacionado con presuntos actos de corrupción dentro de la estatal Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn).

Asimismo, esta comisión llevó a cabo cinco allanamientos en diferentes notarías públicas de la capital cruceña y secuestraron documentación para verificar la adjudicación de la Uelicn con la empresa AM y M Bolivia SRL.

La Fiscalía Departamental de La Paz verificó que las oficinas de la empresa Horizontal de Aviación S.A. en Santa Cruz de la Sierra, estaban vacías y que se quitaron los letreros, además, que la sociedad fue identificada como la principal beneficiaria de millonarios contratos para el mantenimiento de aeronaves de lucha contra el narcotráfico.

“Se pudo colectar mucha documentación referente a la empresa y los DVR (memorias) de las cámaras de seguridad que permitirán determinar hasta cuándo funcionó. Se tiene las grabaciones del movimiento de la empresa que servirá para la investigación”, informó el fiscal del caso Ronald Chávez.

La empresa fue adjudicada con los servicios de mantenimiento a Aeronaves de las Fuerzas de Tarea Conjunta “Diablos Rojos y Diablos Negros”, por parte de la empresa Horizontal de Aviación S.A.

Las irregularidades fueron denunciadas por la diputada de Demócratas, Rose Marie Sandoval, quien reveló que entre 2013 y 2018 la Uelicn contrató en una mayoría de convocatorias a la empresa Horizontal de Aviación Bolivia SRL para hacerse cargo del mantenimiento de aeronaves.

Luego de revelarse esta denuncia, la exdirectora de la Unidad Jurídica de la Uelicn, Nancy T. M.; la exencargada de la Comisión de Verificación de Documentación, Mabel F. V.; y Vivian K. F. S., excoordinadora General de la Uelicn, fueron enviadas con detención preventiva en la cárcel de Obrajes de La Paz.

Las tres fueron acusadas por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y ejercicio indebido de funciones públicas.