Relator de la ONU presenta informe y cuestiona injerencia política en la justicia boliviana

Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Independencia de Jueces y Abogados, presentó este lunes 20 de junio el informe sobre su visita a Bolivia ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

En el documento de 20 páginas, García-Sayán confirmó sus observaciones a la falta de independencia judicial, la injerencia política e hizo referencia al caso de la expresidenta Jeanine Áñez, sobre quien pesa una polémica sentencia de 10 años de cárcel en el caso golpe de Estado II.

"Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud", señala en la página 15. 

García-Sayán insta a las autoridades bolivianas a que extremen esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país.

Respecto a las observaciones, la autoridad aseguró que existen inercias que se arrastran, así como nuevos retos y amenazas, que impiden su repercusión significativa en el acceso a la justicia, la lucha contra la impunidad, la protección de las mujeres frente a la violencia de género y en abordar la alta proporción de personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria.

Recalca una carencia de autoridades judiciales, fiscales y defensa pública en buena parte del país rural, la falta de adecuada financiación, la deficiente gestión y la neutralización de la jurisdicción indígena mantienen a la justicia muy lejos de la gente y de las necesidades de la sociedad. A ello se añade la tendencia a la judicialización, por la vía ordinaria, de casos y situaciones que podrían ser procesadas de otra forma.

Indicó que la elección por sufragio universal de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura establecida en la Constitución de 2009 no ofrece las garantías suficientes para evitar injerencias políticas, tampoco asegura el nombramiento de personas idóneas a los cargos ni ha generado legitimidad en los procesos de votación popular marcados por el ausentismo y el voto nulo o en blanco.

Recordó que a raíz de la historia sociopolítica reciente, y la crisis de 2019-2020, existe una profunda desconfianza de los actores políticos y sociales del país en la administración de justicia como tal, lo cual incide negativamente en los esfuerzos de fortalecimiento y reforma institucionales.

Se refiere a que los jueces, juezas, vocales y magistrados bolivianos están en situación de alta vulnerabilidad, expuestos a diversas formas de injerencia o presión. Considera que esta vulnerabilidad se debe a la falta de una carrera judicial, al alto número de jueces transitorios y remuneraciones bajas. La injerencia política, así como la presión de agentes no estatales, sumadas a las bajas remuneraciones, abren la puerta a la corrupción.

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) enfrenta una carga de trabajo elevada por el abuso de la figura de inconstitucionalidad para actuar sobre problemas y aspectos de los procesos judiciales ordinarios. Esto incide en la crisis actual del Órgano Judicial pues recarga la jurisdicción ordinaria y distorsiona la razón de ser de la jurisdicción constitucional.

"Se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia. Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial. Hay consensos favorables recogidos por el Relator Especial de cara a contar con un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución", remarca el informe entre las recomendaciones.

"Es crucial que el énfasis en una justicia de esas características sea una política de Estado y que se sostenga en el tiempo, con amplio respaldo y participación de todas las fuerzas políticas y sociales. De cara a ese objetivo, el Relator Especial recogió numerosas manifestaciones en favor de la conveniencia y urgencia de vertebrar un gran acuerdo nacional al respecto y hace un llamado a la sociedad e instituciones bolivianas a marchar en esa dirección".

"El Relator Especial recomienda a todos los sectores relevantes a impulsar un debate nacional sobre las reglas vigentes y deseables para la selección y designación de integrantes de las altas cortes y el Consejo de la Magistratura, para identificar la mejor manera de reformar este mecanismo. El Relator Especial insiste en el crucial criterio de prevalencia de procedimientos de designación no políticos, vinculados estrictamente a la calidad y mérito profesional y al compromiso con los valores del estado de derecho y los estándares contenidos en los Principios Básicos relativos a la Independencia de la Judicatura".