Alcaldía descarta embargar Apdhb y Carvajal rechazó haber llegado a un acuerdo con Salazar

La semana pasada, el alcalde de La Paz, Iván Arias, anunció el embargo de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) por una deuda impositiva. Sin embargo, ayer lo descartó ya que se trata de un bien patrimonial estatal.

El Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape) envió una nota a la alcaldía solicitando la exención del pago de impuestos del inmueble ubicado en la Av. 6 de Agosto.

“Senape acaba de mandarnos una solicitud pidiendo la exención de impuestos (a la Apdhb) por ser un bien patrimonial y del Estado”, informó el alcalde Arias, a tiempo de señalar que esta solicitud será atendida por la Administradora Tributaria Municipal (ATM) y se dará curso a la misma.

El viernes, la directora de la ATM, Noemí Lastra, informó que el inmueble donde funciona la Apdhb tiene una deuda impositiva al municipio de más de 719 mil bolivianos desde hace 11 años. En aplicación de normas del Código Tributario y del Código de Procedimiento Civil, la Alcaldía de La Paz tiene la potestad de realizar el embargo del predio y nombrar un custodio de esta propiedad hasta que se regularice el pago y el derecho propietario del mismo. El anuncio se hizo en medio del conflicto con el grupo liderado por Edgar Salazar, que se disputaba la posesión del edificio con Carvajal.

“Con esta solicitud (de Senape) la ATM analiza y por supuesto va a poner que no se tiene ya la deuda porque corresponde, es decir, ya tenemos un documento de respaldo”, dijo Arias.

El alcalde aseguró que ya no se cobrará la deuda y que el inmueble “ya no se embarga”. “Nosotros, como Gobierno Municipal por supuesto que vamos a ceder a esta solicitud de eliminación del impuesto”, aseveró.

El Senape envió la nota señalada por el alcalde Arias con el fin de que se libere del pago del impuesto a este inmueble, el cual fue cedido en calidad de comodato a la Apdhb el 2002, por medio de una ley promulgada por el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Dado que este edificio es patrimonial y cumple una función social de servicio público, la alcaldía cederá al pedido realizado. 

"Mientras un bien inmueble no esté registrado como donación o con un dueño, es nuestra obligación decir si debe o no debe impuestos. Ese inmueble, le avisamos a Amparo (Carvajal), no está registrado a nombre de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos hasta ahora y eso que se lo han transferido en 2002. Segundo, no hicieron el trámite de exención de impuestos y si no hicieron ese trámite nosotros automáticamente tenemos que cobrar ese impuesto y eso pasa por un embargo”, explicó Arias.

Carvajal cuenta lo que pasó

A la vez, se anunció que este jueves, Amparo Carvajal retomará sus funciones en la presidencia de la Apdhb.

La semana pasada levantó los 52 días de vigilia que llevaba tras la toma de las instalaciones por el grupo de Edgar Salazar, que reclamaba la presidencia de la institución.

Comentó que el presidente Luis Arce y la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, ordenaron que los "avasalladores" salgan del inmueble, al compartir algunos detalles de lo que sucedió para que el grupo de Salazar se retire del lugar y ella levante la vigilia. En ese sentido, la gestión de la Embajada de España fue clave, ya que se comunicaron con el mandatario para mediar.

"Hablé por teléfono con el embajador (de España), Javier (Gassó), el viernes por la noche de la anterior semana, antes de salir. Él estaba saliendo a las elecciones de España. Me dijo: 'Amparo, te dejo a Guillermo (Gil), al cónsul (general de España en La Paz), él te va a decir lo que quiero que hagas", develó la activista.

Ella decidió suspender su vigilia en la terraza de esa instancia el sábado en la noche y bajó del lugar acompañada del cónsul general.

Asimismo, Carvajal aseguró que no se llegó a ningún tipo de acuerdo con Edgar Salazar. En cuanto al anuncio del abogado de Salazar de pedir la anotación preventiva de sus bienes, la presidente de la Apdhb aseguró que no tiene nada a su nombre. Solo recibe una jubilación del gobierno español.

"Nada tengo aquí, ni recibo nada", aseveró.

Respecto a los motivos para que Arce diera dicha orden, Carvajal comentó que prefiere no contar algunos detalles y los deja para sus memorias.