Diputado Alarcón pide investigar responsabilidades por gasolina adulterada

El diputado Carlos Alarcón señaló que existen responsabilidades políticas y jurídicas en el caso de la gasolina adulterada, y afirmó que las investigaciones deben alcanzar tanto a empresas proveedoras como a autoridades de YPFB.

Según explicó, el Gobierno identificó dos posibles causas del problema. La primera está relacionada con contratos con empresas proveedoras de combustible, que habrían entregado un producto de menor calidad al pactado.

“Si las empresas vendieron gasolina de mala calidad, el Estado debe rescindir contratos y demandarlas para que asuman los daños. Pero si el producto fue recibido conforme, la responsabilidad recae en YPFB”, sostuvo.

El legislador indicó que en este último caso se debe determinar si la compra fue realizada por la actual o anterior administración, y establecer responsabilidades por la adquisición de combustible defectuoso.

Alarcón también mencionó una segunda línea de investigación vinculada a una presunta red internacional de adulteración de combustible, que implicaría el uso de cisternas para desviar gasolina y contaminarla antes de su ingreso al país.

“Para desviar cisternas y contaminar el combustible tiene que haber participación de conductores y posiblemente de propietarios. Se debe investigar a fondo a todos los involucrados”, afirmó.

En ese sentido, pidió que no solo se presenten denuncias, sino que el Gobierno formalice querellas y actúe de manera inmediata contra los implicados.

Respecto a los controles, el diputado cuestionó las fallas en los sistemas de fiscalización que habrían permitido el ingreso de grandes volúmenes de combustible adulterado.

“Ha habido una pésima fiscalización. Los controles técnicos debieron detectar cualquier irregularidad en la calidad del combustible antes de su ingreso”, señaló.

Asimismo, indicó que se deben reforzar los controles en cisternas y verificar si la presunta red internacional continúa operando, especialmente en rutas vinculadas con el exterior.

Finalmente, Alarcón sostuvo que este caso revela debilidades estructurales en el control estatal y reiteró la necesidad de investigaciones profundas para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

Las autoridades, por su parte, continúan con las indagaciones mientras la población espera respuestas claras sobre uno de los casos más cuestionados en el sector hidrocarburífero.