Ministro Oviedo: red extraía combustible y lo reemplazaba con agua y aceite usado

El Gobierno presentó este martes el presunto modus operandi de una red que estaría conformada por exfuncionarios de la anterior administración de YPFB, dedicada al desvío y adulteración de combustible importado.

El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó que la investigación permitió identificar al menos dos puntos de operación en territorio chileno: las ciudades de Arica y Iquique, donde se cometerían los ilícitos.

Durante la exposición, la autoridad mostró videos en los que, según indicó, se observan garajes donde camiones cisterna que trasladan combustible hacia Bolivia realizan trasvases a vehículos de menor capacidad.

Oviedo explicó que los camiones cisterna transportan aproximadamente 35.000 litros de combustible. Sin embargo, de ese volumen dijo que en estos garajes se extraían cerca de 1.000 litros, que luego serían reemplazados con una mezcla de agua y aceite usado.

“Sacan 1.000 litros de combustible y reponen 1.000 litros de agua con aceite usado para darle volumen y la vuelven a introducir a la cisterna. Esto es lo que ha estado recibiendo el país y dañando el parque automotor”, afirmó la autoridad.

La autoridad indicó que en el periodo investigado, entre octubre del año pasado y marzo de este año, que al país ingresaron alrededor de 5.000 cisternas provenientes de Chile, lo que representaría un volumen estimado de 150 millones de litros de esta mezcla adulterada de agua con aceite sucia incorporada al combustible en estos vehículos.

Agregó que, se identificó un daño económico aproximado de 150 millones de dólares, atribuido a esta red de robo y sabotaje.

“Vamos a ir desmarañando toda esta información, más la información que tenemos que ha caído en manos del señor Marcelo Arce Mosqueira en la que estamos investigando los contratos dañinos, perjudiciales que se han hecho en contra del estado boliviano”, apuntó.

Asimismo, indicó que en el sector de Alto Hospicio, en Iquique, se identificó la instalación de surtidores artesanales en garajes, donde presuntamente se comercializaba el combustible desviado a particulares.

El Gobierno sostiene que estas prácticas habrían afectado la calidad del combustible distribuido en el país, generando perjuicios al parque automotor.