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El presidente Rodrigo Paz firmó el Decreto Supremo 5759, que declara Situación de Emergencia Nacional por la sequía y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño 2026-2027.
31/10/2026 21:51
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El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó el Decreto Supremo N.º 5759 este sábado 31 de octubre, después de recibir la recomendación del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (CONARADE).
La normativa reconoce que distintas regiones del país ya sufren las consecuencias de la falta de agua y advierte que el fenómeno de El Niño podría provocar nuevos eventos adversos durante el periodo 2026-2027.
Pero ¿qué significa esta decisión y cuáles son sus alcances?
El artículo 2 establece que la declaratoria responde a la presencia de sequía y al riesgo inminente de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes.
En sus fundamentos, la norma identifica la sequía en el Altiplano, los Valles y el Chaco, mientras que los escenarios de riesgo del SINAGER-SAT advierten sobre otras amenazas climáticas.
Esto significa que la emergencia nacional no se limita a atender la falta de agua, sino que también busca fortalecer la preparación frente a posibles desastres en distintas regiones.
El Decreto 5759 se sustenta en la Ley 602 de Gestión de Riesgos, que establece que la protección de la vida, la integridad física y la salud de las personas tiene prioridad frente a la infraestructura y los bienes materiales.
Asimismo, el artículo 1 señala que la finalidad de la norma es proteger los medios de vida de la población boliviana.
Este objetivo comprende la necesidad de responder a situaciones que puedan poner en riesgo la subsistencia de las familias, especialmente aquellas que dependen de actividades productivas afectadas por fenómenos climáticos.
La normativa cita las competencias nacionales en gestión de riesgos y el mecanismo de coordinación previsto por la Ley 602.
Bajo este marco, el Ministerio de Defensa y las demás instituciones competentes deben articular acciones con las gobernaciones y los municipios para atender la emergencia.
Además, el decreto encarga expresamente a los ministros de Estado su ejecución y cumplimiento desde sus respectivos despachos.
Uno de los aspectos más importantes aparece en los fundamentos de la norma.
El documento señala que la emergencia nacional busca sustentar la activación de mecanismos de financiamiento contingente para enfrentar los efectos de la sequía y los posibles eventos climáticos.
Antes de la firma del decreto, el CONARADE emitió la Resolución N.º 014/2026, del 30 de octubre, mediante la cual recomendó al presidente declarar la emergencia nacional.
Un día después, el Ejecutivo formalizó la decisión mediante el Decreto Supremo 5759.
La declaratoria se produce en un contexto de afectaciones por sequía y de previsiones sobre posibles eventos climáticos extremos durante los próximos meses.