Califican de "inaceptable" e "insólita" la intromisión cocalera en la 9ª División del Ejército

Un rechazo e indignación en diversos sectores políticos y militares del país provocó la polémica "inspección" civil realizada por dirigentes cocaleros de las Seis Federaciones del Trópico a las instalaciones del cuartel de la 9ª División del Ejército, ubicado en Villa Tunari. El hecho fue calificado como un "abuso" y un pésimo precedente constitucional sobre el respeto a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas.

Un acto fuera de la ley: "Es una vergüenza"

Las reacciones desde el ámbito militar en servicio pasivo no se hicieron esperar. El general y excomandante de la 7ª División del Ejército, Omar Cordero, expresó su total repudio a las imágenes que circulan de los civiles recorriendo las oficinas del comando.

"Efectivamente son duras imágenes y peor para todos los oficiales del servicio pasivo o reserva activa que hemos estado en tiempos donde se respetaba la Constitución, se respetaba a las Fuerzas Armadas, se respetaba la institucionalidad. Esto es una vergüenza", afirmó Cordero de manera contundente.

El jefe militar enfatizó que la acción carece de todo marco legal, recordando que ninguna organización social tiene la potestad de fiscalizar a las guarniciones militares. Según la normativa vigente, dicho acceso está restringido.

• La única excepción legal: Solo el Defensor del Pueblo tiene atribuciones normativas para ingresar a los cuarteles.

• Prohibición a los mandos: Según Cordero, ni el Comando en Jefe ni el Comando del Ejército tienen la autorización legal para permitir que una institución civil ajena realice una "inspección" de este tipo.

• Fin del hostigamiento: El general retirado instó a los mandos actuales a no dejarse cercar ni hostigar, recordando que las unidades militares gozan de libre tránsito en todo el territorio nacional.

"Medida insólita": El rechazo político y legislativo

Desde el plano político, el presidente de la Brigada Parlamentaria, Israel Mérida, se sumó a las voces de rechazo, catalogando el suceso como un hecho sin precedentes y un atropello a las leyes de la República.

"¿Cuándo se ha visto? Es insólito que dirigentes sindicales, dirigentes cocaleros entren a inspeccionar una unidad militar. No tienen ningún respaldo legal, ningún respaldo constitucional, no hay argumento alguno para este tipo de abusos. No podemos seguir permitiendo que el cargo de dirigente sindical te dé mayor potestad que cualquier otro elegido por Constitución", fustigó Mérida.

Los movilizados, que llegaron hasta el recinto militar en una masiva caravana de motocicletas, justificaron su accionar bajo el argumento de una supuesta "susceptibilidad" ante la presunta presencia de agentes de la DEA norteamericana. El dirigente evista, Aquilardo Cari Cari, acusó al Gobierno y al Ejército de actuar bajo intereses geopolíticos alineados a Estados Unidos.

Sin embargo, detrás de la "inspección" subyace una marcada agenda de presión política. Los dirigentes señalaron que esta irrupción es un mensaje directo de rechazo ante la posibilidad de que el gobierno del presidente Rodrigo Paz dicte un Estado de Excepción o sitio en la región para frenar las protestas por la falta de combustible.

Pese a los intentos del gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, por matizar la gravedad del asunto argumentando que pudo tratarse de un ingreso "coordinado y conversado", la molestia generalizada persiste. Tras la cuestionada "inspección", grupos de pobladores instalaron una vigilia permanente en las puertas del cuartel de Villa Tunari, manteniendo un clima de alta tensión y hostigamiento en la región del Chapare.