CAO propone "registro público" de avasalladores para que tengan "consecuencias legales"

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), a través de un comunicado difundido este jueves, expresó su preocupación por el incremento de los ataques armados y las amenazas con arma de fuego que se generan a causa de las disputas por las tierras en el departamento cruceño.

En ese sentido, la institución planteó “la creación de un registro público que identifique a individuos que han participado en la ocupación ilegal de propiedades, tanto privadas como fiscales, con el fin de que estas acciones no queden sin las consecuencias legales pertinentes, y para asegurar que tales prácticas no sean ni recompensadas ni legitimadas”.

La CAO exigió a las autoridades judiciales y gubernamentales “que las leyes se apliquen con rigor y sin demora, sancionando a aquellos que infringen la paz ciudadana con actos de violencia o amenazas.

Y agregó: “este es un llamado a la justicia, no solo para castigar a los culpables, sino también para prevenir la escalada de agresiones que amenazan nuestro tejido social”.  

Los productores manifestaron que es imperativo que el Estado de Derecho prevalezca y que las acciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de las comunidades sean detenidas. “El respeto a la ley es fundamental en una sociedad democrática y debe ser el marco dentro del cual se gestionen todos los conflictos”, remarcó el documento emitido en la jornada.

Asimismo, la CAO hizo referencia a los antecedentes de la violencia por tierras, ocurridos en aquel lamentable incidente ocurrido el 28 de octubre de 2021, donde la seguridad de periodistas y civiles se vio gravemente comprometida.

“Esta tendencia alarmante deber ser atendida con la máxima seriedad y con acciones decididas por parte de las autoridades correspondientes”, recalcó la CAO. 

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), a través de un comunicado difundido este jueves, expresó su preocupación por el incremento de los ataques armados y las amenazas con arma de fuego que se generan a causa de las disputas por las tierras en el departamento cruceño.

En ese sentido, la institución planteó “la creación de un registro público que identifique a individuos que han participado en la ocupación ilegal de propiedades, tanto privadas como fiscales, con el fin de que estas acciones no queden sin las consecuencias legales pertinentes y para asegurar que tales prácticas no sean ni recompensadas ni legitimadas”.

La CAO exigió a las autoridades judiciales y gubernamentales “que las leyes se apliquen con rigor y sin demora, sancionando a aquellos que infringen la paz ciudadana con actos de violencia o amenazas.

Y agregó: “este es un llamado a la justicia, no solo para castigar a los culpables, sino también para prevenir la escalada de agresiones que amenazan nuestro tejido social”.  

Los productores manifestaron que es imperativo que el Estado de Derecho prevalezca y que las acciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de las comunidades sean detenidas. “El respeto a la ley es fundamental en una sociedad democrática y debe ser el marco dentro del cual se gestionen todos los conflictos”, remarcó el documento emitido en la jornada.

Asimismo, la CAO hizo referencia a los antecedentes de la violencia por tierras, ocurridos en aquel lamentable incidente ocurrido el 28 de octubre de 2021, donde la seguridad de periodistas y civiles se vio gravemente comprometida.

“Esta tendencia alarmante deber ser atendida con la máxima seriedad y con acciones decididas por parte de las autoridades correspondientes”, recalcó la CAO.