La Cámara Nacional de Comercio expresó su rechazo a las determinaciones asumidas en el ampliado de la Central Obrera Boliviana, advirtió sobre los efectos de los bloqueos en el abastecimiento y la economía nacional.
31/05/2026 20:30
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La Cámara Nacional de Comercio (CNC) expresó este domingo su rechazo a las determinaciones asumidas por el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana (COB), que ratificó la continuidad de las medidas de presión en medio de la crisis que atraviesa el país.
A través de un comunicado institucional, la entidad empresarial sostuvo que la decisión de mantener los bloqueos y descartar soluciones efectivas mediante el diálogo agrava una situación que ya afecta a millones de bolivianos.
Según la CNC, la interrupción del libre tránsito y las dificultades para el abastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles representan una amenaza directa para la estabilidad económica, la seguridad ciudadana y la paz social. La organización también hizo referencia a los hechos de violencia registrados en los últimos días, señalando que estos contribuyen a profundizar la incertidumbre y el impacto de la crisis.
La institución advirtió además que la ciudad de La Paz se encuentra en una situación crítica debido a los problemas para garantizar corredores de abastecimiento, situación que, a su juicio, demuestra que la emergencia ha alcanzado niveles inaceptables y requiere una respuesta inmediata de las autoridades competentes.
En su pronunciamiento, la CNC exigió al Estado el cumplimiento irrestricto de su obligación constitucional de garantizar el libre tránsito, proteger a la población y restablecer el orden en todo el territorio nacional.
Asimismo, solicitó al Ministerio Público y a las instancias correspondientes investigar y establecer las responsabilidades legales derivadas de acciones que, según la entidad, han ocasionado graves perjuicios a la economía nacional y a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Bolivia no puede continuar paralizada”, afirmó la Cámara Nacional de Comercio en el documento, en el que también remarcó que la defensa de la institucionalidad, la legalidad y el bienestar de la población debe estar por encima de cualquier interés sectorial o político.
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