Comisión legislativa aprueba resolución para cesar de sus funciones a magistrados y consejeros

Con más de 2/3 de aprobación, la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo, resolvió este martes aprobar el cese inmediato de funciones de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional.

El tratamiento del proyecto, sufrió una modificación en cuanto a la redacción de uno de los puntos, la Senadora Patricia Arce, realizó observaciones que finalmente fueron aprobadas.

“Debería únicamente señalarse, disponer la inmediata cesación del ejercicio inconstitucional e ilegal de los  magistrados y consejeros prorrogados en el plazo de sus funciones”, señalaba la propuesta leída por él secretario y fue puesta a consideración.

Entonces, el proyecto se sometió a votación, logrando su aprobación con el apoyo de la mayoría de los miembros de la Comisión Mixta de Constitución del Legislativo.

Al inicio de la sesión y en la revisión de la correspondencia, se dio lectura a dos documentos similares, uno de ellos enviado por el diputado Juan José Jáuregui, en el cual, solicitaba a los miembros de la Comisión, “diferir el tratamiento de la propuesta” debido a una serie de observaciones.

“Habiéndose iniciado el proceso de preselección delos candidatos y candidatas del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional, nos encontramos en la recepción de postulaciones hasta el 10 de marzo, en consecuencia los diputados de Constitución de la Cámara de Diputados en el periodo del 26 de febrero al 3 de marzo, han habilitado a sus suplentes, en consecuencia no existen diputados titulares en ejercicio en esta comisión mixta, por lo tanto existe un obstáculo legal para la instalación de la sesión  tercera de la Comisión Mixta, tomando en cuenta que se trataran asuntos relacionados a las elecciones judiciales 2024 y la continuidad de funciones de magistrados, con la debida anticipación comunico esta circunstancia y la posibilidad de declararse nulas todas las decisiones que podrían considerarse, inclusive podría calificarse como un acto actos en contra de la función pública, a fin de evitar estos inconvenientes, le sugiero diferir su tratamiento hasta después de las fechas antes indicadas”, señalaba la nota enviada por Jáuregui.

La senadora Andrea Barrientos de Comunidad Ciudadana se refirió a este documento y lo calificó como una “amenaza” y solicitó rechazarla.

Poco después cada uno de los parlamentarios expresaron su opinión y mantuvieron el rechazo que fue ratificado con un proceso de votación.