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El acuerdo firmado en Sucre plantea una ruta técnica para avanzar en autonomía fiscal, alivio financiero, distribución de recursos, competencias y fortalecimiento de los gobiernos departamentales.
05/08/2026 22:32
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El Gobierno nacional y los gobernadores de los nueve departamentos firmaron en Sucre, este 5 de agosto de 2026, el Acuerdo N.º 001/2026 de la Agenda 50/50, con el objetivo de iniciar una ruta de trabajo para fortalecer las autonomías y revisar la distribución de recursos fiscales.
El documento fue suscrito tras la reunión entre el presidente del Estado, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, otros ministros, el viceministro de Autonomías, el director ejecutivo del Servicio Estatal de Autonomías y representantes de los gobiernos autónomos departamentales.
Autonomía aún inconclusa
El acuerdo señala que la autonomía en Bolivia continúa siendo un proceso inconcluso tras más de 17 años y que existe una agenda pendiente para alcanzar el ejercicio pleno de libertades competenciales, económico-financieras, presupuestarias y de generación de recursos propios.
El documento también menciona que los resultados del Censo 2024 marcan la urgencia de reducir la desigualdad y la pobreza mediante un régimen autonómico que funcione.
Ley especial para coparticipación
Uno de los puntos centrales establece la conformación de una mesa técnica especializada para elaborar una propuesta de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales.
El objetivo es alcanzar consensos para presentar esa norma durante la actual gestión legislativa y viabilizar su aplicación desde la gestión fiscal 2027, en el marco de la implementación progresiva de la Agenda 50/50.
Autonomía tributaria e ingresos propios
El acuerdo plantea fortalecer la autonomía fiscal de los gobiernos autónomos departamentales mediante mecanismos que amplíen su capacidad de generar y administrar ingresos propios.
Entre las medidas previstas se incluye evaluar mecanismos para incentivar el esfuerzo fiscal, ampliar el dominio tributario departamental, crear nuevos tributos dentro del marco constitucional y analizar la aplicación de sobretasas.
También se acuerda iniciar la modificación de la Ley N.º 154 de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos. El proyecto de ley deberá ser elaborado en un plazo máximo de 90 días.
Revisión de gastos impuestos a gobernaciones
Otro eje del acuerdo es la revisión de normas nacionales que condicionan el destino del gasto de los gobiernos autónomos departamentales.
El documento plantea derogar progresivamente y de manera coordinada las condicionalidades de gasto que financien obligaciones propias del nivel central o estructuras institucionales extinguidas.
Gestión presupuestaria
Las partes también acordaron ampliar al máximo posible la autonomía en la gestión presupuestaria de las gobernaciones.
Para ello, se plantea reservar al nivel central el control sobre los agregados fiscales y permitir que los gobiernos autónomos departamentales decidan sobre la composición de su presupuesto.
Además, se propone sustituir autorizaciones previas del nivel central por obligaciones de información y racionalizar los reportes bajo el principio de “una sola vez, un solo canal, un solo formato”.
Competencias y financiamiento
El documento contempla revisar la legislación nacional que haya modificado, absorbido, restringido o condicionado el ejercicio de competencias reconocidas constitucionalmente a los gobiernos autónomos departamentales.
También se buscará identificar competencias que puedan ser fortalecidas, reasignadas o ejercidas mediante mecanismos de coordinación, concurrencia o delegación.
Criterios de distribución fiscal
El acuerdo plantea revisar los criterios de distribución fiscal que generaron asimetrías entre departamentos.
Para ello, se evaluará la inclusión de criterios que premien la eficiencia, la contribución al desempeño económico departamental y otros factores, con el objetivo de generar dinamismo económico y equidad territorial.
Alivio fiscal y fondos de compensación
Las partes reconocieron la necesidad de atender de manera prioritaria la situación financiera de las gobernaciones.
En ese marco, acordaron establecer un cronograma de trabajo conjunto para evaluar e implementar medidas de alivio financiero, incluyendo mecanismos de reprogramación o diferimiento de obligaciones financieras.
También se analizará la creación de fondos de compensación para fortalecer la sostenibilidad financiera de los gobiernos autónomos departamentales.
Alianzas público-privadas y financiamiento externo
El acuerdo incluye desarrollar una propuesta normativa nacional que viabilice alianzas público-privadas desde los gobiernos autónomos departamentales.
Además, plantea modificar la Ley N.º 699 de Relacionamiento Internacional y normativa conexa para aumentar la capacidad legislativa departamental en materia compartida de relaciones internacionales.
Otros niveles de gobierno
El Gobierno nacional también se comprometió a sostener encuentros con gobiernos municipales, autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco para establecer acuerdos similares.
Una vez logrados los consensos con todos los niveles de gobierno, se convocará al Consejo de Coordinación Técnica de la Agenda 50/50 para articular el Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.
El documento establece que los consensos alcanzados podrán materializarse mediante proyectos de ley, decretos supremos, convenios intergubernativos, acuerdos fiscales, reformas reglamentarias, medidas administrativas y otros instrumentos necesarios.
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