"El Estado debe pedir disculpas", dice Prado a 15 años del asalto al Hotel Las Américas

El martes 16 de abril marca el aniversario número 15 del operativo en el Hotel Las Américas, un hecho que desencadenó el "Caso Terrorismo" en Bolivia.

En la madrugada de aquel día en 2009, un equipo policial irrumpió en las habitaciones 456, 457 y 458 del cuarto piso del hotel, resultando en la muerte de Eduardo Rózsa, Árpad Magyarosy y Michael Dwyer, mientras que Mario Tadic y Elöd Tóásó fueron detenidos, siendo los únicos sobrevivientes del operativo. Hoy, ellos están tramitando un juicio internacional contra el Estado por estos acontecimientos.

El abogado Gary Prado, quien ha estado involucrado en el caso, denuncia una serie de irregularidades en el manejo del operativo, señalando que las autoridades montaron una escena para incriminar a las víctimas como presuntos terroristas.

"En ese último piso colocaron cargas explosivas en las puertas de tres personas, Rózsa, Dwyer y Magyarosy. Volaron esas puertas, ingresaron, los redujeron y los mataron. Después, desde adentro, simularon que los muertos dispararon armas", enfatizó el jurista.

El gobierno en aquel entonces acusó a las personas involucradas de pertenecer a una célula terrorista que planeaba la separación de Santa Cruz a través de acciones armadas, así como de conspirar para asesinar al presidente Evo Morales. La investigación fue liderada por el fiscal Marcelo Soza, quien fue criticado por manipular el caso para favorecer al gobierno de aquel entonces y llevar a cabo una persecución política a través del sistema judicial.

"A partir de ahí, comenzó una investigación tortuosa, manipulada y corrupta de Marcelo Soza, destinada a favorecer al gobierno de Evo Morales mediante una persecución política a través de la justicia", agregó Prado.

Los días posteriores a la intervención del hotel las américas fueron seguidos por una serie de operativos, donde se aprehendieron a decenas de personas. "Algunos de los sindicados prefieren el exilio, otros se quedan en Bolivia y el 2012 se inicia el juicio por el supuesto terrorismo en Tarija”, enfatizó.

18 de los 39 acusados por la Fiscalía, optaron por salir del país y no ser parte del juicio. Estos son: Guido Nayar, Mario Antonio Paniagua Alpire, Gelafio Santiesteban Hurtado, Branko Marinkovic, Alejandro Melgar, Hugo Achá, Alejandro Brown, Luis Hurtado, Rony Hurtado, Enrique Vaca, Lorgio Balcázar, David Sejas, Alfredo Saucedo, Héctor Laguna, Pablo Humberto Costas, Mario Bruno y Luis Orlando Justiniano.

En tanto, los primeros en ser capturados y llevados a La Paz fueron los exunionistas Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, quienes dejaron la cárcel tras nueve años y ocho meses de encierro.

Con el cambio de gobierno en 2019, el caso tomó un giro inesperado. El Ministerio de Gobierno, dirigido por Arturo Murillo, se retiró como parte demandante, y la Fiscalía decidió retirar sus cargos contra los acusados. En tanto, el exfiscal Marcelo Soza, quien actualmente se encuentra como refugiado en Brasil, recibió una condena de 12 años de cárcel por extorsionar a uno de los implicados.

Finalmente, bajo el gobierno de Jeanine Añez en febrero de 2020, el caso fue cerrado y todos los acusados, incluidos aquellos que estaban en el exilio, fueron liberados.

Sin embargo, la lucha por la justicia continúa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado violaciones a los derechos humanos durante el operativo en el Hotel Las Américas, y ha instado al Estado a tomar medidas de reparación y a identificar y sancionar a los responsables. El abogado Gary Prado insiste en que los responsables, incluidos altos funcionarios del gobierno anterior, deben ser procesados, "Hay probabilidad de que Evo Morales, Álvaro García Linera, David Choquehuanca, Jorge Santistevan y la policía de la UTARC sean autores", enfatizó.

El Gobierno de Bolivia ha abierto un proceso penal para investigar las violaciones de derechos humanos, incluyendo "ejecuciones extrajudiciales". Los sobrevivientes pidieron a la ciudadanía que colaboraren con la investigación de la Fiscalía, aportando pruebas, y proporcionando sus declaraciones testimoniales, para llegar a la verdad sobre los autores intelectuales y materiales de otros hechos "crueles y temerarios".

“El Estado Boliviano debe pedir disculpas, diciendo que se violentó los derechos de estas personas al haberlos sindicado falsamente de terrorismo”, explicó el jurista sobre la reparación inmaterial impuesta por la CIDH.