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Familia de militar emboscado por 'jukus' rechazan supuesto accidente

Mientras el Ejército y la Fiscalía avanzan con investigaciones paralelas sobre el ataque en el cerro Posokoni, los familiares de una de las víctimas sostienen que los militares fueron emboscados y piden identificar y sancionar a los responsables.

Oruro

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El ataque atribuido a un grupo de 'jukus' en el cerro Posokoni de la Empresa Minera Huanuni, que dejó cuatro fallecidos —dos militares y dos trabajadores mineros—, continúa bajo investigación. Mientras el Ejército desarrolla un sumario informativo y la Fiscalía realiza las pericias correspondientes, la familia de uno de los militares fallecidos rechazó la versión de un accidente y aseguró que los efectivos fueron emboscados.

Dieron el último adiós a una de las víctimas

El sargento inicial Kevin Quispe Beltrán fue despedido con honores militares en la ciudad de El Alto. Su padre afirmó que, tras participar de la autopsia, constató lesiones que, a su juicio, evidencian que su hijo fue víctima de una agresión.

"No es como dicen ellos que ha habido un accidente. Ellos han sido emboscados, han sido torturados. Justicia, por favor, que se dé con los responsables", manifestó durante el velorio.

Así transcurrieron los hechos

Según el reporte oficial, la madrugada del domingo un contingente militar y personal de la Empresa Minera Huanuni acudieron al cerro Posokoni tras recibir información sobre el ingreso de un grupo de entre 50 y 80 'jukus'. Durante el operativo se produjo un enfrentamiento y, posteriormente, parte del personal cayó al interior de una bocamina, provocando la muerte de dos militares y dos trabajadores, además de dejar ocho heridos.

El comandante de la Segunda División del Ejército, William Revuelta, explicó que el despliegue militar responde a un convenio para resguardar el yacimiento de los constantes robos de mineral y señaló que el derrumbe ocurrió cuando el grupo realizaba el repliegue tras el enfrentamiento.

Investigaciones continúan

En paralelo, el Ministerio Público mantiene abiertas las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades, mientras que la Defensoría del Pueblo inició un relevamiento de información y pidió una investigación oportuna que permita evitar hechos similares.
 

El caso ocurre en medio de la creciente preocupación por la violencia vinculada al robo de minerales en Huanuni. De acuerdo con autoridades y dirigentes mineros, estas acciones ilícitas provocan pérdidas millonarias para la empresa estatal y ahora también han cobrado la vida de cuatro personas, reavivando el debate sobre la seguridad en uno de los principales centros mineros del país.

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