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Parientes de la víctima revelan que el hermano gemelo y la cuñada del recluso la contactaron y trasladaron al penal en al menos seis ocasiones para presionarla a desistir del juicio por tentativa de feminicidio.
13/11/2026 22:30
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La familia de Lizeth Ríos Montaño (38), décimo séptima víctima de feminicidio en el departamento, responsabilizó directamente al entorno familiar de su agresor, Fernando Ruperto De Kostka Coca (36), por el crimen perpetrado dentro del penal de máxima seguridad de El Abra. Según denunciaron, los parientes del recluso vulneraron medidas de protección vigentes y manipularon emocionalmente a la mujer para llevarla a la cárcel, donde finalmente fue asfixiada tras pernoctar en una visita conyugal.
Mientras velan los restos de Lizeth en la zona de Chilimarca, sus allegados recordaron que el acusado guardaba detención preventiva desde finales de junio precisamente por tentativa de feminicidio contra ella, tras haberla golpeado y apuñalado en nueve oportunidades, ataque que estuvo a punto de dejarla ciega.
Hostigamiento para frenar la sentencia
José Luis Ríos, hermano de la víctima, denunció que el proceso judicial por el primer ataque ya se encontraba en etapa de sentencia oral, motivo por el cual la familia del recluso intensificó el acoso para lograr que Lizeth retirara los cargos.
"Su hermano gemelo la iba a buscar en auto, la llevaba y la traía de El Abra, y le pasaba el celular para que hable con el agresor. La cuñada también la contactó diciendo que, si no iba a visitarlo, él se iba a matar o dejaría de comer. Han logrado que mi hermana desista en su última audiencia, diciendo que ella misma se había hecho daño", relató José Luis Ríos, asegurando que esta era la sexta o séptima vez que la llevaban al recinto penitenciario.
El abogado de la familia confirmó que presentarán una denuncia escrita para ampliar la investigación penal contra el hermano gemelo y los familiares del feminicida, a quienes acusan de darle dinero y persuadirla bajo chantaje emocional, pese a existir una orden judicial emitida por una jueza que prohibía todo tipo de contacto y el ingreso de la víctima al penal. Asimismo, José Luis Ríos rechazó versiones difundidas en algunos espacios que intentan justificar el crimen alegando una supuesta infidelidad: "Están argumentando eso para que el agresor quede limpio y es injusto para nuestra familia doliente".
Cuestionamientos al penal
Al reclamo familiar se sumó la fundación Mujeres de Fuego, que exigió investigar tanto al entorno del recluso por incumplimiento de resoluciones judiciales como a las autoridades penitenciarias por las fallas en los protocolos de seguridad.
"Fue asesinada dentro de una cárcel de máxima seguridad donde, al parecer, no había policías ni guardias controlando por qué ella permaneció ahí toda la noche. Los agresores recluidos por tentativa de feminicidio deben ser restringidos de recibir visitas de sus víctimas", cuestionó Nivia Coca, representante del colectivo, tras lamentar que el crimen deja en la orfandad a ocho hijos (cuatro de ellos menores de edad).
La versión policial sobre los controles y la confesión
Por su parte, el comandante departamental de la Policía, coronel Henry Ontiveros, informó que el recluso confesó haber asfixiado a Lizeth tras una discusión de pareja y que, posteriormente, intentó quitarse la vida provocándose una herida cortante en el cuello, por lo que recibió atención médica antes de ser aprehendido por la Felcv de Sacaba.
Respecto a la permanencia nocturna de la mujer dentro del penal, el jefe policial atribuyó el control a los propios internos y alegó desconocimiento de las restricciones judiciales:
Autorización interna: Indicó que la verificación y permiso de ingreso de parejas para visitas conyugales corresponde a la Secretaría de Delegación de Personas Privadas de Libertad.
Falta de notificación: Aseguró que la dirección del recinto penitenciario de El Abra no habría recibido la notificación judicial sobre las medidas de protección dictadas a favor de Lizeth Ríos.