Fiscalía abre investigación por la muerte de un menor en Llallagua durante los bloqueos

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó la apertura de una investigación por el delito de homicidio culposo tras la muerte de un niño de 12 años en Llallagua, ocurrida en el contexto de los bloqueos que afectan distintas regiones del país.

Confirmó que el caso ya fue formalmente aperturado y se encuentra en etapa investigativa, con la participación del Ministerio Público y la Policía Boliviana. “Ya se tiene aperturado un hecho de homicidio culposo, estamos en plena etapa investigativa, esperamos dar con el paradero de los autores materiales o intelectuales”, señaló.

El fiscal general del Estado explicó que las diligencias se realizan en base a informes policiales y bajo el principio de objetividad, respetando la presunción de inocencia de los investigados.

En ese marco, indicó que la Policía Boliviana ejecuta operativos de rastrillaje, inteligencia e investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

La investigación se inició luego de la muerte del menor durante su traslado de emergencia desde el municipio de Pocoata hacia un centro hospitalario de mayor complejidad. De acuerdo con el informe médico, el paciente presentaba un cuadro de trauma abdominal grave que requería cirugía urgente, pero no logró llegar a destino debido a los bloqueos en las rutas.

El caso ha generado preocupación en el sistema de salud y en instituciones como la Defensoría del Pueblo, que pidió garantizar el paso de ambulancias, medicamentos y alimentos en situaciones de emergencia.

Asimismo, Mariaca informó que ya se emitieron órdenes de aprehensión contra varias personas presuntamente vinculadas a hechos de violencia registrados en el país, las cuales están siendo ejecutadas en distintos puntos del territorio nacional. Aclaró también que el senador Milton Condori no cuenta con ninguna orden de aprehensión vigente.

Las declaraciones fueron realizadas durante la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre la Alcaldía de Cochabamba y el Ministerio Público, con el objetivo de fortalecer el seguimiento a personas con detención domiciliaria.