Gobierno extraditará a involucrados en ‘caso petrocontratos’ y solicitará reparación civil de daños

Tras haberse resuelto el juicio de responsabilidades por el denominado “caso petrocontratos”, que concluyó con una sentencia condenatoria para el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus exministros, el ministro de Justicia anunció que se iniciará con el proceso de extradición de las cuatro personas sentenciadas.

Sánchez de Lozada recibió la sentencia de seis años y tres meses de privación de libertad en el penal de Chonchocoro, Jorge Berindoague, Carlos Contreras y Carlos Alberto López, recibieron la condena de cinco años de cárcel en Chonchocoro.

“Estamos celebrando una condena histórica que sienta un precedente y habilita la posibilidad no solamente de extradición, sino también de empezar con la acción reparatoria civil por el inmenso daño causado al Estado, esperamos que estos hechos son se repitan en la historia de Bolivia y que hechos como este sean resueltos en menor tiempo, comenzamos el 2005 y recién estamos celebrando una sentencia condenatoria”, indicó Cesar Siles, ministro de Justicia.

Acerca de la reparación civil de daños, Siles explicó que el proceso será desarrollado por el ministerio de Hidrocarburos y por la estatal YPFB, siendo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el encargado de su cumplimiento.

“Es el propio tribunal que dicta la sentencia, la autoridad competente para iniciar la acción reparatoria civil, pero en este caso particular asumirá este rol el ministerio de hidrocarburos y específicamente YPFB, cuantificando el daño y sustentando los daños y perjuicios de este daño y es el propio tribunal que hará cumplir, (…) Existen los mecanismos de cooperación jurídica internacional para poder solicitar congelamiento de cuentas, embargo de bienes, existen los mecanismos de apoyo entre estados para hacer cumplir esta acción”, añadió el ministro de Justicia.

La condena del caso petrocontratos fue por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. El proceso se desarrolló debido a 107 contratos de comercialización exploración y explotación de hidrocarburos que fueron suscritos sin la autorización congresal respectiva en la época del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y sus exministros.