25/05/2022 - 19:34

Informe de relator de la ONU da 20 recomendaciones para la justicia, como respetar la independencia

Diego García-Sayán manifestó que aún no han sido erradicados los patrones de injerencia en el Órgano Judicial que el país arrastra de larga data y ejemplificó con el caso que involucra a la expresidenta Jeanine Áñez.

Redacción

Red Uno de Bolivia

Bolivia

El informe del Relator Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, concluye en 20 recomendaciones para la administración de la justicia en Bolivia, entre los cuales pide respetar la independencia del Órgano Judicial, elaborar un plan de reforma estructural, poner fin a las detenciones preventivas e insta al Gobierno a designar un Defensor del Pueblo.

"Se debe extremar esfuerzos para construir y reconstruir confianza entre todos los actores políticos e institucionales del país y en la justicia. Todas las instituciones del Estado deben respetar y observar la independencia del sistema judicial. Hay consensos favorables recogidos por el Relator Especial de cara a contar con un sistema de justicia independiente, accesible, eficiente y que funcione de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos y en la Constitución", refiere la primera conclusión sobre la visita del experto de las Naciones Unidas.

Recalcó que aún no han sido erradicados los patrones de injerencia en el Órgano Judicial que el país arrastra de larga data y ejemplificó con el caso que involucra a la expresidenta Jeanine Áñez.

Señaló que los proceso “golpe I” Y “golpe II”, que involucran a la exautoridad, “han capturado la atención de la opinión pública en el país y en el extranjero” y recuerda que, en el transcurso de su estadía en Bolivia, García-Sayán se enteró sobre la huelga de hambre que cumplía la exmandataria, siendo “testigo del ambiente de confrontación y preocupación que rodea el caso”.

“Dicho caso pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia como la generalización de la detención preventiva. El Relator Especial fue enfático en que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana. Para toda persona privada de libertad, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar su integridad y salud”, explica el escrito.

Sobre la crisis de 2019, el relator afirmó que “el Ministerio Público debe avanzar sin demora en las investigaciones de oficio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas, sus familiares o sus representantes”, además de aprobar de forma expedita “proyectos encaminados a dictar la legislación que permita al Estado resarcir a las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluidas las de Sacaba, Senkata, y Zona Sur producidas en 2019”.

García-Sayán estuvo en Bolivia desde el 15 de febrero y hasta el 22 sostuvo reuniones con actores y autoridades para determinar un diagnóstico sobre la administración de la justicia en Bolivia, "su independencia, el acceso a esta y su capacidad de procesamiento de grandes retos nacionales como la corrupción, la violencia contra la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas", según el documento que tiene fecha de publicación el 11 de mayo.

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