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El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que durante los 53 días de bloqueos y conflictividad social se registraron al menos 22 personas fallecidas, de las cuales 19 serían terceros afectados y tres participantes de las movilizaciones.
06/07/2026 15:38
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Bolivia empieza a medir el costo más doloroso de los 53 días de bloqueos que paralizaron carreteras, aislaron regiones, golpearon el abastecimiento y dejaron una profunda herida humana en el país.
Este lunes 6 de julio, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó un informe sobre el saldo de la conflictividad social reciente y reveló una cifra que exige respuestas: 22 personas fallecieron durante el periodo de bloqueos.
De acuerdo con los reportes de la institución defensorial, 19 de las víctimas eran terceros afectados por la crisis y tres correspondían a personas que participaban en las movilizaciones.
“Con relación a las víctimas, efectivamente, nosotros en nuestros reportes hemos identificado por lo menos 22 casos de personas que durante el período de conflictividad han fallecido”, señaló Callisaya.
El informe no solo contabiliza cifras. Expone el impacto humano de un conflicto que, durante más de siete semanas, afectó el tránsito, la atención médica, el traslado de pacientes, el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos esenciales.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido en sus reportes preliminares que los bloqueos generaron afectaciones directas a terceros, especialmente a personas enfermas que enfrentaron dificultades para llegar a centros médicos especializados. En uno de sus reportes, la institución registró casos de fallecimientos presuntamente vinculados a bloqueos de carreteras o vías públicas, incluyendo personas que no pudieron ser trasladadas a tiempo o que murieron durante el trayecto.
Para Callisaya, la gravedad de estos hechos obliga a que las autoridades actúen con celeridad, transparencia y responsabilidad.
Defensoría pide investigar cada caso
Ante el saldo fatal, el Defensor del Pueblo informó que la institución solicitó formalmente al Ministerio Público iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias de cada muerte.
Callisaya explicó que la Defensoría no tiene facultad legal para presentar denuncias penales directas en estos casos, pero sí puede activar gestiones ante las instancias competentes y exigir que se garantice verdad, justicia y reparación para las víctimas.
“Hemos hecho la gestión ante la Fiscalía General del Estado y ante la Fiscalía Departamental para que estas instancias inicien las investigaciones correspondientes”, afirmó.
La institución defensorial remarcó que ninguna demanda, protesta o medida de presión puede estar por encima del derecho a la vida, la salud y la integridad física de las personas.
Más de 100 puntos de bloqueo en los días más críticos
La crisis comenzó de forma escalonada a inicios de mayo y se intensificó con bloqueos de carreteras en diferentes regiones del país.
Según reportes de la Defensoría, el 2 de junio la Administradora Boliviana de Carreteras registró 103 puntos de bloqueo en siete departamentos, con mayor afectación en Cochabamba y La Paz.
Durante los días más críticos, la interrupción de rutas provocó desabastecimiento, retrasos en servicios esenciales, dificultades para el traslado de ambulancias y perjuicios directos a sectores productivos, transportistas, comerciantes y familias.
La Defensoría también alertó sobre la falta de insumos médicos, oxígeno medicinal, alimentos y combustible en varias ciudades del país durante el conflicto.
El conflicto también ingresó en una nueva fase judicial.
El Ministerio Público admitió investigaciones contra dirigentes señalados por su presunta participación en los bloqueos. Entre los nombres mencionados en distintas acciones legales figuran el expresidente Evo Morales, el dirigente de la Central Obrera Boliviana Mario Argollo y el dirigente de la Federación Túpac Katari Vicente Salazar. La Fiscalía de Santa Cruz admitió una denuncia penal contra Morales, Argollo y Salazar por los bloqueos, según reportes oficiales.
Además, el Gobierno formalizó una querella criminal contra presuntos cabecillas de los bloqueos, presentada de manera conjunta por los ministerios de Gobierno y de Defensa ante el Ministerio Público.
Salazar, dirigente de la Federación Túpac Katari, fue aprehendido en El Alto en el marco de las investigaciones por los bloqueos registrados entre mayo y junio.
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