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Jueza notificó sobre el traslado de Camacho a Palmasola; el MAS insiste en que juicio sea virtual

El documento especifica que Camacho deberá ser puesto bajo custodia del gobernador del centro de rehabilitación de Palmasola un día antes del juicio, programado para el 11 de marzo. 

Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El Tribunal de Sentencia N°8 del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz emitió una notificación dirigida a las autoridades del penal de Chonchocoro en La Paz, ordenando el traslado del gobernador Luis Fernando Camacho a Santa Cruz para su audiencia de juicio oral por el 'Caso Decretazo', programada para el 11 de marzo.

El documento especifica que Camacho deberá ser puesto bajo custodia del gobernador del centro de rehabilitación de Palmasola un día antes del juicio, para que sea trasladado al salón de audiencias del Tribunal de Sentencia N°8, presidido por Angélica Sánchez, quien ha firmado la orden.

Camacho enfrenta acusaciones por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, relacionadas con el Decreto 373, en el cual se le acusa de delegar sus funciones a uno de sus secretarios en lugar del vicegobernador, según la denuncia interpuesta por asambleístas departamentales del MAS (Movimiento Al Socialismo).

Solicitudes de audiencia virtual por parte del MAS

En tanto, miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS) buscan frenar el traslado del gobernador electo de Santa Cruz y han presentado un memorial solicitando que la audiencia se realice de manera virtual.

Entre los argumentos presentados se destaca la preocupación por posibles disturbios sociales, según indica una parte del documento. "La llegada del señor Luis Fernando Camacho puede ocasionar zozobra, desorden público, violencia de sus militantes que en 2022 ocasionaron destrozos y quemas de la fiscalía y más de 30 vehículos", mencionó el asambleísta del MAS, Clemente Ramos.

Además, se argumenta sobre los costos operativos del viaje desde La Paz hasta Santa Cruz, señalando que este generará gastos para el Estado debido al traslado del acusado a ese despacho judicial y su posterior retorno al recinto de Chonchocoro.

 

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