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Justicia ordena el traslado de 189,5 kilos de oro incautados en Viru Viru a las bóvedas del BCB

El cargamento que pretendía ser enviado a Dubái ingresará a las bóvedas del ente emisor tras detectarse irregularidades documentales.

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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La Justicia ordenó el traslado de 189,5 kilogramos de oro de alta pureza a las bóvedas del Banco Central de Bolivia (BCB), tras ser decomisados en el aeropuerto internacional de Viru Viru. El cargamento, compuesto por 77 lingotes con un valor superior a los 20 millones de dólares, dejará la custodia policial para permanecer resguardado en el ente emisor mientras avanza el proceso penal por presunto contrabando.

El fiscal del caso, Gómer Padilla, confirmó la determinación judicial dictada por el juez Fernando Daniel Mejía y detalló el procedimiento previo al resguardo.

Medidas cautelares y avance en las pesquisas judiciales

La decisión sobre el cargamento se asumió horas después de que la autoridad judicial dictara 150 días de detención preventiva en la cárcel de Palmasola para Adrián L. R., un joven de 22 años investigado en este proceso. Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo la probabilidad de autoría del imputado en los delitos de contrabando, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y comercialización ilegal de minerales.

El caso se desencadenó la madrugada del 22 de julio, cuando las revisiones de control en la terminal aérea cruceña detectaron anomalías en el equipaje de un vuelo chárter rumbo a los Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades policiales intervinieron al sujeto cuando pretendía abordar la aeronave llevando el mineral distribuido en cuatro maletas.

Irregularidades documentales y rastreo de la cadena logística

Las primeras verificaciones establecieron que la documentación presentada para respaldar el envío presentaba graves alteraciones, incluyendo un formulario presuntamente falsificado. Paralelamente, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom) ratificó que no existía ningún registro válido que autorizara legalmente dicha exportación a Dubái.

Actualmente, las investigaciones buscan reconstruir la ruta logística iniciada en La Paz, desde donde el metal fue movilizado hasta Santa Cruz por una empresa de seguridad. La Policía y el Ministerio Público trabajan para identificar a los financistas del cargamento y establecer si existen más personas o empresas involucradas en este frustrado envío.

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