Laudo arbitral: Bolivia enfrenta pago de $us 253.5 millones a minera Glencore

El nuevo procurador del Estado de Bolivia, César Siles, asumió el cargo con la difícil tarea de enfrentar la demanda presentada por la transnacional Glencore Finance (Bermuda) Ltd. por la nacionalización de la empresa minera Colquiri y la fundidora de Vinto en 2007. El fallo internacional reciente determinó que el Estado boliviano debe pagar la suma de $us 253.591.796 como indemnización, un monto considerablemente menor al inicialmente litigado de $us 788 millones.

Siles, en su primer pronunciamiento como procurador, anunció que la sentencia será apelada, y se analizarán todas las posibles estrategias legales para defender los intereses del Estado. Una de las opciones que se considera es solicitar la anulación del fallo y la suspensión de su ejecución, dentro del plazo establecido.

La disputa se originó en febrero de 2007, cuando el Gobierno de Evo Morales decidió nacionalizar la empresa minera Colquiri y la fundidora de Vinto. Diez años después, en diciembre de 2017, Glencore Finance (Bermuda) Ltd., una transnacional con sede en un paraíso fiscal en Bermudas, presentó su demanda ante la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París. Inicialmente, la demanda ascendía a $us 675 millones, pero para 2019, cuando comenzó el proceso, la cifra se "actualizó" a $us 778 millones. Finalmente, el Estado boliviano fue notificado con un monto de $us 253.591.796.

El Procurador Siles también anunció una revisión exhaustiva de las actuaciones de las autoridades anteriores de la Procuraduría del Estado, haciendo referencia directa a su predecesor, Wilfredo Chávez, quien dejó el cargo dos días antes. Además, se evaluará el desempeño de los equipos jurídicos, tanto a nivel nacional como internacional, que han estado a cargo de la defensa en este y otros casos de arbitraje.

Siles adelantó la posibilidad de una "recomposición" del equipo de trabajo en la Procuraduría, lo que podría incluir cambios en los colaboradores. Sin embargo, es importante destacar que la designación de los subprocuradores debe ser realizada por la Presidencia.

La demanda de Glencore Finance contra Bolivia representa un desafío importante para la nueva gestión de la Procuraduría del Estado, que deberá continuar defendiendo los intereses del país en un caso de larga data que ha experimentado variaciones sustanciales en el monto de la indemnización reclamada por la transnacional.