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Minería aclara: Resolución 069/2026 no elimina Consulta Previa ni licencia ambiental

El Ministerio desmiente versiones falsas sobre supuesta supresión de derechos de cooperativas mineras; norma busca agilizar la adecuación de concesiones.

Minería aclara: Resolución 069/2026 no elimina Consulta Previa ni licencia ambiental. Imagen de referencial Dialogue Earth
Bolivia

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El Ministerio de Minería y Metalurgia informó este miércoles que la Resolución Ministerial N° 069/2026 no elimina la Consulta Previa ni la licencia ambiental para las cooperativas, calificando como falsas las versiones difundidas en algunos medios de comunicación y redes sociales.

Mediante un comunicado, la cartera de Estado explicó que la resolución, publicada el 30 de abril de 2026, aprueba el nuevo Reglamento de Adecuación de Derechos Mineros, cuyo objetivo es agilizar y actualizar los prolongados procesos de adecuación, beneficiando a casi 4.000 trámites y derechos preconstituidos que estaban rezagados desde hace más de ocho años.

El reglamento establece con claridad las etapas, plazos y requisitos técnico-jurídicos que deben cumplir los actores mineros —estatales, privados y cooperativos— para transformar sus antiguas concesiones (ATE) en Contratos Administrativos Mineros (CAM).

El Ministerio enfatizó que:

  • La Consulta Previa es un derecho constitucional protegido por los artículos 30 y 352 de la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
  • La licencia ambiental es obligatoria según la Ley N° 1333 del Medio Ambiente y la Ley N° 535 de Minería.

“La Resolución 069/2026 no tiene la facultad de modificar ni eliminar derechos constitucionales ni obligaciones legales. Cualquier afirmación en ese sentido es falsa e inconstitucional”, remarcó la autoridad.

La institución aclaró que el reglamento solo regula la regularización administrativa de las antiguas concesiones, reconociendo la titularidad sobre áreas mineras, sin eximir a los actores de sus obligaciones ambientales ni de los procedimientos vigentes.

Finalmente, el Ministerio reiteró que las versiones que circulan en redes sociales y medios confunden un trámite administrativo de adecuación con supuestas exenciones socioambientales, lo que carece de sustento legal y evidencia la necesidad de informarse correctamente sobre los procesos mineros en Bolivia.

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