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Ministro presenta informe de gestión: auditorías, cambios en combustibles y proyectos para el sector energético

El informe incluyó medidas sobre combustibles, hidrocarburos, financiamiento eléctrico, litio y energías renovables, además de las metas fijadas para el segundo año de gestión.

Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos.
La Paz

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El ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, presentó el informe de su primer año de gestión, en el que realizó una evaluación de la situación en la que recibió el sector energético, detalló las principales medidas adoptadas por el Gobierno y expuso los proyectos que se encuentran en marcha, además de las metas previstas para el próximo periodo.

Durante su presentación, la autoridad sostuvo que en noviembre de 2025 encontró un sector energético afectado por la caída de la producción de gas natural, la dependencia de combustibles importados, un sistema de subvenciones que consideró insostenible y problemas administrativos en las instituciones estatales.

“Queríamos ver la realidad sin filtros, sin maquillaje y sin discursos triunfalistas. Queríamos saber exactamente dónde estábamos parados”, expresó al recordar el inicio de su gestión.

Blanco señaló que la producción nacional de gas natural, que en sus mejores épocas alcanzó los 59 millones de metros cúbicos, se encontraba en una caída significativa. Atribuyó esta situación al agotamiento del modelo exploratorio y a la falta de inversión efectiva para recuperar las reservas hidrocarburíferas.

También cuestionó la dependencia de las importaciones de carburantes y el costo que representaban para las finanzas públicas, en un contexto de escasez de divisas. A ello sumó observaciones sobre presuntas irregularidades, gastos institucionales y proyectos energéticos que no llegaron a concluirse.

Cambios en la política de combustibles

Uno de los principales puntos del informe estuvo relacionado con las medidas adoptadas para modificar el sistema de comercialización de combustibles. El ministro destacó la eliminación de la subvención a la gasolina y al diésel, así como la habilitación de la importación privada y el acceso a infraestructura de almacenamiento.

Blanco sostuvo que estas decisiones permitieron modificar el esquema que, según su evaluación, favorecía el contrabando y generaba una carga económica para el Estado.

“Con valentía política sinceramos la economía de los combustibles, eliminamos la subvención de la gasolina y el diésel”, afirmó.

En esa misma línea, mencionó los decretos supremos 5503 y 5516, mediante los cuales se reajustaron los precios internos de los carburantes. Según explicó, el objetivo es eliminar los incentivos económicos para el contrabando, estimular la producción local y generar ingresos adicionales para el Tesoro General de la Nación, con beneficios para las gobernaciones a través de regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Asimismo, destacó la aprobación de mecanismos para permitir la importación privada de combustibles y la compra directa de petróleo crudo destinado a las refinerías nacionales, mediante los decretos supremos 5517 y 5644.

El titular de Hidrocarburos también informó sobre la reactivación de las refinerías a través del Decreto Supremo 5701, con el propósito de incrementar la producción nacional de gasolina y diésel y reducir la dependencia de los carburantes provenientes del exterior.

Auditorías y reestructuración de las instituciones

Otro de los ejes del informe fue la revisión de las entidades estatales vinculadas al sector energético. Blanco indicó que el Gobierno inició auditorías y remitió denuncias ante el Viceministerio de Transparencia y la Justicia, con el objetivo de establecer responsabilidades por presuntas irregularidades.

En ese contexto, informó sobre las intervenciones temporales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), por un periodo de 180 días, en el marco de los decretos supremos 5699 y 5697.

La autoridad también anunció que se trabaja en la reestructuración de las empresas estatales del sector con apoyo de consultorías internacionales, para mejorar su funcionamiento y eficiencia.

Durante su exposición mencionó, además, observaciones sobre la denominada Casa Ejecutiva de YPFB en Santa Cruz, así como denuncias relacionadas con adjudicaciones directas por más de 1.000 millones de dólares en proyectos termoeléctricos, contratos con empresas y proyectos hidroeléctricos inconclusos.

Perforación de pozos y recuperación de reservas

En materia de exploración y producción de hidrocarburos, el ministro destacó el inicio de la perforación de los pozos Junín D y Montecristo, que forman parte de las acciones destinadas a recuperar las reservas de gas y fortalecer la producción nacional.

Blanco reconoció que la caída de la producción representa uno de los principales desafíos para el país, debido a su impacto en los ingresos por exportación y en la disponibilidad de recursos para las regiones.

Como parte de las medidas de mediano plazo, anunció que el Gobierno impulsa una nueva Ley de Hidrocarburos, que plantea un régimen tributario competitivo a nivel regional y busca generar condiciones para atraer inversiones al sector.

Más de $us 756 millones de financiamiento para el sector eléctrico

En el área de electricidad, la autoridad informó que el Ministerio administra una cartera de financiamiento multilateral superior a los 756 millones de dólares, comprometidos para proyectos y asistencia técnica con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la CAF, la GIZ y la Unión Europea.

De acuerdo con el informe, más de 119 millones de dólares ya fueron ejecutados. El ministro señaló que el trabajo se concentra en destrabar proyectos, transparentar el uso de los recursos y modernizar la infraestructura eléctrica nacional.

También destacó la aceleración de programas de electrificación rural como el PER, IDTR y PIE, mediante los cuales se busca concluir proyectos que permanecían paralizados y ampliar el acceso a energía en comunidades alejadas.

“Llevar energía al área rural no es un indicador frío, es permitir que un niño estudie de noche, que una posta médica conserve sus vacunas. La energía es dignidad y justicia social”, manifestó.

En cuanto a la integración regional, Blanco informó sobre acuerdos suscritos con Brasil y Chile para avanzar en la interconexión eléctrica, además de gestiones que se desarrollan con Paraguay, Perú y otros países.

Litio y energías renovables

El informe también contempló los avances en la diversificación de la matriz energética y el desarrollo de nuevas fuentes de energía.

Sobre el litio, el ministro aseguró que el proyecto de ley correspondiente registra más del 90% de avance consensuado en seis territorios de Potosí y Oruro.

Asimismo, mencionó la regulación del biogás y el biometano, además del envío a la Asamblea Legislativa de los proyectos de Ley de Fomento a las Energías Verdes y de Electricidad y Energías Renovables.

Este último contempla un modelo de mercado abierto y una propuesta de diversificación del sistema tarifario, con criterios de equidad, eficiencia y transparencia.

Las metas para el segundo año de gestión

En la parte final de su presentación, Blanco expuso los principales objetivos para el siguiente periodo de administración. Entre ellos, destacó la consolidación del abastecimiento continuo de combustibles en los nueve departamentos y la continuidad de los proyectos destinados a fortalecer la generación eléctrica.

En ese marco, anunció que se impulsará la conclusión de los proyectos hidroeléctricos Ivirizu y Miguillas, además de iniciativas de generación eólica como la de Warnes.

También planteó incorporar alrededor de 300 megavatios de energía solar mediante procesos de subasta y otros 100 megavatios de generación distribuida.

El ministro sostuvo que estas iniciativas forman parte de una estrategia para reducir la dependencia de los combustibles importados, recuperar la capacidad productiva del sector hidrocarburífero y ampliar las fuentes de generación eléctrica.

Al cerrar su informe, Blanco resumió la orientación de su gestión en tres pilares: “Orden, prosperidad y modernidad”, y aseguró que las medidas adoptadas buscan transformar el sector energético y garantizar la soberanía energética del país.


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