Oviedo ratifica que el Estado retomará control en zonas donde antes no ingresaba

Tras una reunión realizada en el Comité Pro Santa Cruz entre los cívicos y ministros, Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno realizó una evaluación de temas varios concernientes a su área, entre ellos, los presuntos ataques al sector productivo. Tras analizar la situación del predio Santa Rita y los recurrentes conflictos agrarios en la región, la autoridad advirtió que no se trata de hechos aislados, sino de un problema consecuente y sistemático.

Respecto a la naturaleza de estas movilizaciones, Oviedo señaló que “son clanes organizados de avasalladores que van afectando el derecho propietario de sectores productivos del departamento de Santa Cruz, son exactamente las mismas personas que han bloqueado en San Julián y en Cuatro Cañadas”.

Consultado sobre la situación en El Chapare, el titular de la cartera de Gobierno confirmó que los servicios de inteligencia de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas han logrado recopilar pruebas fundamentales sobre la logística de las protestas. Oviedo reveló que existe un registro detallado de personas que han financiado y operativizado el caos desde el trópico de Cochabamba, encargadas de trasladar movilizadores para producir la parálisis del país durante 50 días.

La estrategia gubernamental contempla la recuperación total del control territorial en regiones del país que históricamente funcionaron al margen de la ley.

“Efectivamente, en los 20 años pasados ha habido sectores, áreas geográficas de nuestro territorio nacional que se han vuelto una especie de santuarios, de republiquetas donde el Estado boliviano no tenía ningún ingreso; hoy no”, enfatizó el ministro, garantizando la permanencia de las fuerzas del orden en el Chapare y en la frontera.

Para consolidar la seguridad jurídica y asegurar la paz social, el Poder Ejecutivo busca articular un frente común con los administradores de justicia y los líderes civiles regionales. En ese sentido, se anunció la redacción de un manifiesto conjunto destinado a que el Ministerio Público y el Órgano Judicial acompañen las tareas de aprehensión y el seguimiento riguroso a los responsables de los delitos investigados.